El Plan Nacional de Apoyo al Sector Vitivinícola (PASV) dispone en principio de 50 millones de euros anuales a nivel del Estado para promocionar nuestros vinos en los mercados exteriores, de los que Castilla-La Mancha debería aspirar a consumir al menos la mitad, por lo que la organización agraria confía que exista una "eficaz gestión de la medida; a pesar de que tanto el Real Decreto del PASV como la orden de ayudas de Castilla-La Mancha contemplan subvenciones únicamente cuando las actuaciones se desarrollen en países terceros".
La Unión de Uniones recuerda ahora que tanto el Ministerio de Agricultura como el Gobierno de Castilla-La Mancha reclamaron y consideraron un éxito que en las negociaciones de la Reforma de la PAC se permitiera a los Estados miembros subvencionar también la promoción en el interior de la UE. "No obstante, es una opción que la Administración Estatal y Autonómica han decidido finalmente no poner en marcha", se lamenta desde la Unión.
La caída del consumo interior habría hecho necesario destinar una partida a esto
La Unión de Uniones considera que los datos de caída constante del consumo tanto en España como en otros países del entorno comunitario, "que son nuestros principales clientes, habrían hecho necesario destinar una parte del presupuesto a informar a los consumidores de la identidad y calidad de nuestros vinos" y lamenta que se desaprovechen estos fondos comunitarios para hacerlo.
Por último, la organización llama la atención sobre el hecho de que los buenos resultados del capítulo exportador de estos vinos "no pueden sustentarse en una baja remuneración de la uva, inferior incluso a los costes productivos que cada vez se encarecen más".
Por lo tanto la Unión de Uniones de Castilla-La Mancha considera que hubiera sido positivo que la Consejería de Agricultura exigiera a las empresas privadas beneficiarias de estos recursos públicos "que justificasen documentalmente tanto el cumplimiento de la Ley de Mejora de Funcionamiento de la Cadena Alimentaria como la Ley contra la Morosidad, particularmente en lo que respecta a la implantación de contratos en el sector vitivinícola y al cumplimiento del plazo de los pagos de las materias primas. Igualmente, con vistas a que las ayudas contribuyan a equilibrar el reparto del valor añadido generado por su aplicación, la organización opina que se debería haber otorgado mayor prioridad en las ayudas a las cooperativas y también a las empresas privadas que asumieran los costes de producción de la uva como una referencia para determinar el precio pagado a sus proveedores".