EFE .- En un comunicado conjunto, organizaciones como la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG), la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) o los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) se han mostrado de acuerdo con esta figura que supondrá "beneficios potenciales".
El artículo 16, apartado 2, de la actual Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural indica "que el contrato territorial es el instrumento que establece el conjunto de compromisos a suscribir entre las Administraciones Públicas y los titulares de las explotaciones agrarias que orienten e incentiven su actividad en beneficio de un desarrollo sostenible del medio rural".
Las organizaciones firmantes han precisado que estos contratos son "una forma de apoyar a la agricultura territorial" y que, "en caso de aprobarse la norma en tramitación, no serían obligatorios para los agricultores".
En el comunicado, han resaltado que "tampoco tienen nada que ver" con los requisitos medioambientales que los agricultores deben cumplir aquellos que reciben ayudas de la Política Agraria Común (PAC), por lo que "no supondrían un aumento de obligaciones".
Así, los firmantes han indicado que esta herramienta busca "apoyar" a aquellos agricultores y ganaderos que "de forma voluntaria suscriban compromisos para la conservación del suelo, el agua, la biodiversidad, el paisaje, la lucha contra el cambio climático o un mayor avance en la multifuncionalidad de su actividad".
Han preciado que, a cambio, los productores "tendrían preferencia o prioridad para ciertas ayudas o incluso una remuneración por la producción de estos bienes públicos", de manera que "favorecería la fijación de la población en el territorio".
En su opinión, estos contratos servirían para "simplificar la gestión y aplicación", al disminuir los trámites burocráticos a los que hacen frente los agricultores y ganaderos en su quehacer diario.