“A Bruselas, como es habitual, le ha faltado agilidad –explica el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado– a la hora de aprobar un nuevo PDR con dotación presupuestaria para 2014, pero resulta que su falta de previsión nos deja con un año en blanco en esta materia y, en consecuencia, sin unas subvenciones que son una herramienta fundamental en la medida en que permite equilibrar la renta final de los arroceros".
"Si el cultivo del arroz deja de contar con estas ayudas su viabilidad en 2014 se verá seriamente amenazada y eso es algo que no estamos dispuestos a consentir. Los agricultores somos, en gran medida, los garantes de los parques naturales en los que se cultiva el arroz, como el de la Albufera y el de Pego-Oliva, y de los que se beneficia toda la sociedad, por lo que no es ni justo ni admisible que las administraciones se desentiendan”,h señalado indifgnado Aguado.
Otras comunidades prorrogarán los fondos necesarios
En este sentido, el máximo responsable de la organización agraria apunta que “otras comunidades arroceras, como es el caso de Cataluña o Murcia, ya han comunicado que van a prorrogar los fondos necesarios para sufragar las ayudas agroambientales antes de que se apruebe el nuevo PDR y los arroceros valencianos no podemos quedarnos en inferioridad de condiciones a los del resto de España. La Comunitat Valenciana sufre una discriminación evidente en materia de financiación que se hace aún más evidente en casos como este. Por eso, le pedimos a la Generalitat que haga un esfuerzo para obtener esos fondos y evitar así el desastre que se avecina para el sector arrocero”, afirma el responsable de AVA-ASAJA.
La bajada de los precios también hunden al sector
Pero el necesario equilibrio financiero de los productores, que se verá comprometido con la supresión de estas subvenciones durante el año próximo, resulta tan precario por otros motivos de mayor calado para los que también se exigirán soluciones estables durante la “tractorada” del próximo 28 de noviembre.
La causa principal de esa problemática situación en la que está instalado el sector se encuentra en el control que, prácticamente en régimen de oligopolio, ejercen sobre el mercado las grandes empresas industriales. “Efectivamente –denuncia Aguado–, los arroceros sufren una imposición sistemática de precios a la baja que no se corresponden con las cotizaciones internacionales y que son producto de prácticas monopolísticas que deben ser investigadas y sancionadas por el Gobierno central. Si a todo esto le añadimos el impacto negativo de las importaciones estratégicas para alterar el mercado o las crecientes limitaciones en el uso de productos fitosanitarios para controlar las plagas nos encontramos con un panorama desolador al que es necesario ofrecer una respuesta contundente”.