Las asociaciones agrarias  ASAJA, COAG y UPA han reclamado de forma conjunta a los grupos políticos la prohibición de venta a pérdidas en la nueva Ley de la Cadena Alimentaria, cuyo proyecto normativo encara su recta final de negociación en el Congreso de los Diputados.

En un comunicado conjunto, las tres organizaciones han defendido que «no se debe dejar pasar esta gran oportunidad para reforzar dicha normativa y aliviar las enormes dificultades que atraviesan los agricultores y ganaderos», y más aún ante «la crítica situación de sectores como el lácteo, con unos precios por debajo de los costes».

A su juicio, ejemplos como el del sector lácteo, evidencian los «incumplimientos de la Ley y la necesidad de acabar con prácticas comerciales abusivas que impiden la viabilidad económica de las explotaciones agropecuarias».

Las organizaciones agrarias han transmitido además la necesidad de que con el nuevo marco normativo se ponga en marcha un «registro de contratos», y que la Ley de la Cadena incluya en su ámbito de aplicación a los «productos importados de países terceros» y al «canal Horeca» (restauración).

También han solicitado que refuerce la «figura del mediador» y que permita «generar índices de precios y costes que tengan un impacto real en los contratos que se han de firmar», de tal forma que puedan servir de «referencia objetiva y pública» y refuercen el papel de los «observatorios de la cadena».

Asaja, COAG y UPA han explicado que la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados es la que ha retomado los debates que deben culminar en la reforma de esta Ley, que incluirá la transposición de la Directiva de la Unión Europea (UE) relativa a las prácticas comerciales desleales, incluyendo la prohibición de venta a pérdidas.

Han añadido que esta Comisión tiene la capacidad plena de la ponencia y que una vez alcanzado un acuerdo se trasladará al Senado para completar el recorrido legislativo.

«El nuevo texto legal debería entrar en vigor en noviembre de 2021 a más tardar para cumplir con los plazos fijados por la normativa europea», según han precisado.