Es cierto que este país vive una tensión politica que no es normal, con más de un año sin Gobierno (y ni se le espera de momento), con el principal partido de la oposición en una crisis esperpéntica a la que no le faltan ni especiales informativos tipo Gran Hermano y con una guerra autonómica (la mitad corre peligro por la amenaza de ruptura de los pactos de Podemos a los socialistas) que alcanza hasta la convocatoria de un referéndum independentista en Cataluña.
Y este clima no es ajeno a la realidad del sector agrario. Ya avisaba esta semana el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, que en Bruselas ya se está negociando la PAC del 2020 «y por parte de nuestro país no se tiene ninguna posición oficial ni ninguna propuesta».
Pero la cosa ha ido más lejos. Este fin de semana, la consellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat catalana, Meritxell Serret, defendió la necesidad de que Cataluña disponga de todos los recursos que genera su sector agrario para poderlos aplicar en una PAC propia, mierntras que las organizaciones agrarias catalanas se quejan de su forma de reparto de las ayudas y de que incluso se margina a una provincia entera como Lleida.
Mientras en Castilla-La Mancha o Andalucía se habla sin rubor de que serán «otra vez» las primeras CCAA en pagar el adelanto de la PAC de 2016… pero ninguna pone una fecha concreta de cuándo comenzarán a abonar este dinero, quizás conscientes de que siempre le podrán echar la culpa al Ministerio de los retrasos. Y para quien tiene un momento de ‘debilidad’ y dice que se pagará en noviembre, como ha sido el caso de Aragón, le acusan de mentir y de poner excusas.
La política es importante, pero más lo es ejercerla con sentido común. Y mucho me temo de que cada vez hay más política y menos dinero para solucionar de verdad los problemas del campo español.