La ministra ha explicado que la Hoja de Ruta incluye medidas dirigidas a los denominados sectores difusos, es decir, el residencial, el del transporte, el agrícola y ganadero, el de los residuos, los gases fluorados y la industria no sujeta al comercio de derechos de emisión.
Beneficos económicos, ambientales y sociales
Prevé 12 medidas para el sector del transporte, por ejemplo, mediante el fomento del transporte colectivo y otros modos sostenibles de movilidad; otras 10 para el sector de la edificación, mediante la rehabilitación de edificios y 9 para el sector agrícola y ganadero, que incluyen mejoras en fertilización.
Además, recoge otras 7 medidas para el sector de los residuos vinculadas a la reducción del desperdicio alimentario; 3, para el de gases fluorados y 2 para el sector industrial no sujeto al comercio de derechos de emisión y que están relacionadas con la mejora de la eficiencia y el cambio a combustibles menos emisores.
Estas actuaciones se analizan tanto por su potencial de mitigación de emisiones como por sus costes y los beneficios asociados que puedan producir, en el ámbito de la generación de empleo y de la actividad económica.
Una inversión de 27.000 millones de euros
Así, según las primeras estimaciones, el empleo asociado a la implementación de estas medidas alcanza los 45.000 puestos de trabajo anuales, mientras que la inversión (tanto pública como privada) ascendería a unos 27.000 millones de euros hasta 2020 y los ahorros anuales acumulados hasta ese año se calculan en unos 21.000 millones de euros.
“Esta Hoja de Ruta que hoy les presentamos debe ser la herramienta para la toma de decisiones en cuanto a las políticas y medidas a adoptar para cumplir nuestros objetivos nacionales en 2020”, ha destacado la ministra, quien ha enmarcado esta iniciativa en el compromiso inmediato de España en materia de energía y clima.
Ha recordado que el actual Paquete de Energía y Cambio Climático de la Unión Europea obliga a reducir las emisiones de CO2 en un 20% respecto a 1990, para el conjunto de la Unión.
Este objetivo conjunto, se traduce en un objetivo específico para cada país, que solo afecta a los sectores difusos. En el caso de España, el objetivo de reducción es del 10% de nuestras emisiones en este ámbito en 2020 respecto a 2005.
En paralelo, y en el ámbito de Naciones Unidas, la Unión Europea decidió en la cumbre de cambio climático de Doha (Catar) asumir un compromiso -en el marco del segundo periodo del Protocolo de Kioto (2013-2020)-, con un objetivo conjunto de reducción del 20%.
Isabel García Tejerina ha resaltado que las medidas incluidas en la Hoja de Ruta se han acordado en grupos de trabajo de la Administración General del Estado, de la Administración Autonómica y Local, junto con expertos sectoriales, y que, además, han sido consultadas más de 40 organizaciones, entre las que se encuentran universidades, asociaciones, sindicatos, cooperativas y empresas especializadas.