Esta circunstancia está causando "angustia y desesperación" en los propietarios, que pasan muchas noches "vigilando el ganado, aunque como está muy esparcido por bastantes zonas del término municipal, a veces el esfuerzo resulta infructuoso".

     "Además, también recogen a parte de los animales recién nacidos y los llevan a establos seguros, pero es un trabajo ingente puesto que los terneros no pueden ser amamantados por sus madres", ha explicado UCCL, cuyos responsables señalan que los ataques se producen en los parajes El Alto, Valdeloshechos y Los Retornos, entre otros.

     Esta organización ha insistido en que los ganaderos afectados por esta situación deben recibir una compensación del cien por cien de los daños económicos sufridos, que en su opinión no se limitan al valor de los animales muertos, ya que a esas pérdidas económicas hay que añadir las causadas por los animales heridos y por el estrés de todo el rebaño.

     Por ello, ha considerado que la solución dada por la Administración, consistente en la suscripción de seguros, que en este caso sí tiene el ganadero abulense, "no es de recibo", teniendo en cuenta que esos daños "patrimoniales" son "causados por los lobos que la propia Administración se ha encargado de traer a Avila".

Simplican los trámites en Castilla y León


   Por su parte,
la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha aprobado una orden que simplifica los trámites de las ayudas por ataques de lobos y perros asilvestrados al ganado, que incluyen el lucro cesante y los daños indirectos.

      Hasta ahora, primero el Servicio Territorial de Medio Ambiente de cada provincia verificaba el cumplimiento de las condiciones exigidas y luego el procedimiento pasaba a la Dirección General del Medio Natural, que "nuevamente debía realizar cuantas actuaciones estimase necesarias", según explica la orden publicada hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León.

     Sin embargo, a partir de ahora el Servicio Territorial de Medio Ambiente se encargará de "la totalidad de la instrucción", aunque los procedimientos iniciados antes a la entrada en vigor de esta orden continuarán rigiéndose por la normativa vigente en su momento.

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