La letrada Pilar Martínez, especializada en legislación medioambiental, ha alertado hoy de la «vulneración generalizada» de derechos fundamentales del nuevo Plan Director de la Red de Parques Nacionales, de aplicación en el de Monfragüe (Cáceres).
En una nota, Martínez ha afirmado que la nueva norma «tiene una clara naturaleza intervencionista y expropiadora de derechos».
«nos encontramos con un instrumento duro y exigente en lo que a restricciones y limitaciones de bienes y derechos particulares se refiere»
Este documento es el instrumento normativo que fija las directrices que han de seguir los planes de uso y gestión de los 15 parques nacionales existentes en España y determina las limitaciones y prohibiciones en cada área, zonificada con diferentes intensidades restrictivas.
Desde 1991, Monfragüe es Zona de Especial Protección de las Aves (ZEPA), que, ampliada en 2004, actualmente se denomina ZEPA Monfragüe y Dehesas del Entorno y alcanza una superficie de 116.160 hectáreas.
Asimismo, el paraje extremeño fue declarado en 2003 Reserva de la Biosfera y, en marzo del 2007, oficialmente Parque Nacional de Monfragüe con una extensión de 17.852 hectáreas.
Cuenta con un Plan Rector de Uso y Gestión aprobado en febrero de 2014, que ha de adaptarse a las directrices del nuevo Plan Director en un plazo de dos años.
La letrada ha asegurado que los profesionales especializados en materia medioambiental «confiaban» en que el nuevo Plan Director resolviese los «conflictos y el descontento existente» entre los propietarios de terrenos enmarcados en la red de parques nacionales.
«Lamentablemente, nos encontramos con un instrumento duro y exigente en lo que a restricciones y limitaciones de bienes y derechos particulares se refiere», ha advertido Pilar Martínez.
En este sentido, ha aseverado que se trata de cuestiones de gran calado sobre vulneraciones generalizadas de derechos fundamentales, como a la igualdad, a la seguridad jurídica o a la defensa.
Alerta de la «ambigüedad» del documento, lo que dificulta la defensa de los propietarios perjudicados
También ha citado otros derechos de los ciudadanos, como a la propiedad privada y la función social que ésta debe cumplir; el derecho a la libertad de empresa «o a ser resarcidos por la privación de bienes y derechos que estas figuras imponen para el territorio y los habitantes a los que afecta», ha apuntado.
Pilar Martínez ha recordado que la jurisprudencia del Tribunal Supremo es clara respecto a la necesidad de incluir una memoria económica con partidas presupuestarias específicas para hacer frente a las necesarias indemnizaciones y compensaciones.
La abogada ha alertado de la «ambigüedad» del documento en este aspecto, lo que dificulta la defensa de los propietarios perjudicados.
«Se recoge una disposición derogatoria única, en la que se remite a la nueva norma, la elaboración y aprobación de los planes de uso y gestión que se encuentran en marcha. Nos preguntamos si se piensa tener en cuenta en dicha elaboración la clara jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo o si la Administración pretende ampararse en esta ambigüedad», ha señalado Martínez.
A juicio de la abogada, también es «vaga y poco precisa» la Ley 30/2014 del 3 de diciembre sobre Parques Nacionales, lo que genera «indefensión e inseguridad jurídica, ya que cualquier actuación se ve sometida a la voluntad subjetiva de la autoridad medioambiental de turno», ha señalado.
Pilar Martínez ha apreciado, además, un «gran intervencionismo» por parte de la Administración en el decreto si se tiene en cuenta, además, que en la mayoría de los casos los espacios naturales se declaran sobre terrenos de propiedad privada.