UPA solicitó el pasado mes de junio que se resolviera el problema detectado en el sector agrario por el cual un agricultor/ganadero puede verse afectado al tener que pasar la ITV dos veces, en vez de una, cada seis meses.  Ahora, el Defensor del Pueblo, atendiendo peticiones como las de UPA y otros colectivos y particulares, ha recomendado a la Secretaría General de Industria que el plazo de validez de las ITV se contabilice a partir de la realización de la inspección, sin descontar el periodo de prórroga por la crisis del coronavirus.  Esto representa que las ITV se vieran obligadas a parar pero los plazos no lo hayan hecho.

UPA CyL considera un disparate que para la ITV el estado de alarma, y por lo tanto los centros de inspección cerrados, nunca existiera, y tengan en cuenta el mes en el que cumplía la obligatoriedad de pasar la revisión de seguridad y no el momento en el que los centros abrieron sus puertas y se empezaron a poder realizar dichas inspecciones.

Se estaría ante una sinrazón como que las ITV se vieran obligadas a parar pero los plazos no lo hayan hecho. Al final los paganos  de esta situación son, entre otros, los profesionales del sector agrario.

UPA apela a la responsabilidad «para que se rectifique lo que parece una maniobra claramente recaudatoria, y exigimos que se corrija para devolver la cordura normativa a unos servicios que tienen la obligación de responder con calidad y confianza a los ciudadanos».

La organización entiende que «si no se arregla esta situación estaríamos ante la evidencia, en primer lugar, de que tras el jugoso negocio de la ITV hay muchos intereses para aumentar su volumen de beneficios, y también, que se prioriza la recaudación de las administraciones vía impuestos, todo ello  a costa de los contribuyentes».

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