La mayoría de países de la Unión Europea (UE) han dado un pequeño respiro, que una solución definitiva, a la propuesta de recortar un 5% los fondos europeos a la PAC, al oponerse este lunes 14 a recortar los fondos para las políticas de cohesión y agricultura en el próximo presupuesto comunitario para 2021-2027, ya que, consideran, han demostrado ser efectivas y aportan valor añadido en un momento de desencanto con el proyecto europeo.

Los ministros y secretarios de Estado de la UE mantuvieron este lunes el primer debate sobre la propuesta de presupuesto plurianual presentada por la Comisión Europea (CE) el 2 de mayo, un intercambio que permitió vislumbrar la compleja posición de partida para la negociación de los próximos meses.

Los países están de acuerdo en financiar nuevas prioridades, pero no quieren renunciar a los tradicionales pilares comunitarios

El acuerdo nunca es fácil, pero en esta ocasión tiene la dificultad añadida de solventar el agujero de entre 14.000 y 15.000 millones de euros que dejará la salida del Reino Unido y cubrir los 10.000 millones de euros más al año que se necesitarán para nuevas tareas, como inmigración, defensa o seguridad.

Para cuadrar las cuentas, la CE propone aumentar el presupuesto del 1,03% de la renta anual bruta actual al 1,11% (1,28 billones de euros), pero también recortar un 7% los fondos estructurales y de cohesión y un 5% la Política Agraria Común (PAC).

Los países están de acuerdo en financiar nuevas prioridades y la mayoría está dispuesta a poner más dinero, algunos incluso por encima de lo que pide la CE, pero no quieren renunciar a los tradicionales pilares comunitarios y defienden revisar las condiciones para recibir fondos.

España, Francia, Italia, Polonia, Portugal, Estonia, Letonia, Lituania, Grecia, Eslovaquia, Eslovenia, Malta, Hungría y Croacia rechazan reducciones en una o ambas partidas (cohesión y agricultura).

Irlanda, Rumanía y Luxemburgo, por su parte, se muestran preocupadas por los recortes, pero abogan por esperar a conocer la propuesta detallada que presentará la CE sobre cohesión y PAC el 29 de mayo para hacer un análisis definitivo de su impacto.

Los países del Este temen que la reducción de los fondos de cohesión, que han permitido a sus regiones más pobres acercarse a los estándares de sus vecinos, sea mayor en términos reales de lo que dice la CE, y señalan que será difícil explicárselo a los ciudadanos en vísperas de las elecciones de 2019.

España «está a favor de aumentar los recursos si es necesario» y Francia dice que «no podemos aceptar este recorte radical»

En cuanto a la PAC, Francia, España o Irlanda, tradicionales beneficiarios, son de los más preocupados por los recortes en los fondos de cohesión y agricultura.

«No podemos aceptar este recorte radical, que significaría que la PAC soporta una carga desproporcionada como consecuencia del Brexit», dijo la ministra de Asuntos Europeos francesa, Nathalie Loiseau, durante el debate en el Consejo de Asuntos Generales de la UE.

España comparte la opinión gala sobre la PAC, según indicó el secretario de Estado para la UE, Jorge Toledo, quien señaló que el país «está a favor de aumentar los recursos si es necesario», si se encuentra un «equilibrio» que ligue las nuevas prioridades con estas políticas tradicionales, «que han probado que merecen la pena a largo plazo».

Por el contrario, Holanda, Austria, Finlandia, Suecia, Dinamarca y Chipre se oponen a elevar su contribución porque creen que el menor tamaño de la UE tras el Brexit requiere un presupuesto menor.

Alemania, principal contribuyente a las arcas comunitarias, está dispuesta a aumentar su aportación, pero advierte de que esto dependerá del acuerdo global sobre el paquete y, en particular, de la introducción de condiciones para recibir los fondos, tanto relativas al Estado de Derecho como macroeconómicas.

La Comisión ha propuesto por primera vez ligar el desembolso de fondos al respeto del Estado de Derecho, en un momento de preocupación por la independencia del sistema judicial en Polonia y ciertas leyes aprobadas por el Gobierno húngaro.

La mayoría de países es favorable a introducir este vínculo, aunque advierten de que debe hacerse con una sólida base legal y criterios objetivos. Se oponen Polonia, Hungría y la República Checa, que dudan de su base legal.

Por otra parte, los países ven difícil alcanzar un acuerdo sobre el paquete antes de las elecciones de mayo de 2019, como quiere la Comisión, y defienden que la calidad debe primar sobre la rapidez del acuerdo.