El Pais.- El Ayuntamiento rescindió el contrato con la adjudicataria anterior, Aguas de Valencia, en enero de 2012. El contrato, que tenía una vigencia de 25 años, se resolvió de mutuo acuerdo e implicó el pago de una indemnización a Aguas de Valencia. En el pliego de condiciones del nuevo concurso de adjudicación, esta vez por 50 años, se incluía una cláusula que obligaba a la nueva adjudicataria a pagar la indemnización correspondiente a la empresa anterior, Aguas de Valencia. A juicio de Aquagest, la indemnización, que asciende a más de 86 millones de euros, limita el principio de concurrencia competitiva porque es una suma difícilmente asumible por las nuevas candidatas.
En su auto, la magistrada adopta por el momento esa "medida cautelar provisionalísima" a raíz del recurso presentado por Aquagest, que alegaba la inminencia de finalización del plazo de presentación de licitaciones, que vence el próximo martes 22 de enero. La resolución del juzgado es recurrible y por lo tanto, no definitiva.
Estas dos empresas ya se han enfrentado antes por la adjudicación de la millonaria contrata de gestión del agua potable de la ciudad de Valencia que se resolvió finalmente a favor de Aguas de Valencia.