El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha citado a declarar a Eugenia Martínez de Irujo, duquesa de Montoro, tras una denuncia de la Fiscalía por un posible delito contra el medio ambiente relacionado con la detracción ilegal de aguas en una finca del entorno de Doñana.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han informado a Efe de que la denuncia se dirige contra la empresa Eurotécnica Agraria SA y contra la persona representante legal de la misma.

De momento, las referidas fuentes judiciales no han concretado la fecha de la próxima citación como denunciada de Eugenia Martínez de Irujo, que figura en el organigrama de la referida mercantil como presidenta del consejo de administración.

La denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente, a la que ha tenido acceso Efe este miércoles y que ha avanzado El País, explica que los hechos denunciados han tenido lugar en tres parcelas pertenecientes a  la denominada «Finca Aljóbar» -de 104, 62 y 53,35 hectáreas cada una- del término municipal de Aznalcázar (Sevilla).

La masa de agua subterránea asociada a tal finca se denomina «Aljarafe Sur» y su territorio se encuentra en el sistema de explotación de recursos «SE-1 Guadimar».

La finca posee autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para riego mediante un pozo para 200 hectáreas de naranjos y tiene asimismo autorizado otro pozo para uso doméstico.

JUNTO A DOS POZOS Y UNA BALSA DEBIDAMENTE INSCRITOS, SE LOCALIZARON OTROS OCHO POZOS NO INSCRITOS

Ambos pozos autorizados han de cumplir las oportunas condiciones de uso, como tener instalado un contador para así controlar el volumen de agua consumida.

Según recoge la denuncia fiscal, fechada a principios del pasado septiembre, en una inspección en mayo de este año de la Guardia Civil y de la CHG, junto a dos pozos y una balsa debidamente inscritos, se localizaron otros ocho pozos no inscritos, con los que se estaba dando riego a unas aproximadamente 200 hectáreas de naranjos.

Unas semanas después, el organismo de cuenca emitió un informe en el que valoraba los daños ocasionados al dominio público hidráulico por los riegos «ilegítimos» en un consumo de 305.851 metros cúbicos y una cuantía económica de 36.702 euros.

Además, la Comisaría de Aguas adoptó medidas cautelares como la extracción de los equipos de bombeo instalados y el precinto de los pozos, aunque un representante de la propiedad llegó a denegar el acceso a la finca para su aplicación.

 DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE Y DESOBEDIENCIA

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil puso en conocimiento de la Fiscalía los hechos, que pudieran ser constitutivos de delito contra el medio ambiente por detracción ilegal de aguas y un delito de desobediencia.

Durante las diligencias de investigación se acordó, además, recabar un informe acreditativo del total de la superficie regada y de los cultivos existentes en los últimos diez años, durante los que habrían estado presuntamente operativos los pozos denunciados, en la finca investigada y la cantidad mínima de agua que pueda haberse detraído «ilícitamente».

Por todo ello, la Fiscalía ha solicitado, entre otras diligencias, que declare como investigado la persona representante legal de la empresa Eurotécnica Agraria y quien resulte ser el «gerente directo» de la finca.

El Ministerio Público también pide que se extraigan de forma cautelar los equipos de bombeo instalados en las captaciones objeto del procedimiento y al precinto de los pozos.

Entre otras cuestiones, la Fiscalía de Medio Ambiente pretende averiguar si la detracción de aguas ha causado daños sustanciales a la calidad del acuífero afectado o ha perjudicado gravemente el equilibrio del mismo, y también que se cuantifiquen los perjuicios ocasionados para la restauración de la zona a su estado originario, indica la denuncia.