El titular de una empresa de la zona del Valle de Esgueva de Valladolid está siendo investigado por la Guardia Civil como supuesto autor de la venta ilegal de semillas de un tipo de trigo que está protegido por la normativa de la UE, y que requiere una autorización para su comercialización que el hombre no tenía, lo que representa un presunto delito contra la propiedad industrial.
En un comunicado, la Guardia Civil de Valladolid ha explicado que esas semillas, usadas fraudulentamente en un delito contra la propiedad industrial en el ámbito agrario, penado con entre uno y tres años de prisión, están sujetas a los derechos de los obtentores mediante el pago de un canon anual que desde la empresa intentaron eludir.
En concreto se trata de semillas del trigo «LG Monje» (Eu 58051), que la empresa vallisoletana vendía a través de internet.
Fue otra empresa, encargada de gestionar y defender esta variedad de trigo blando, la que presentó denuncia en nombre de los derechos sobre esta variedad, al notar que la empresa que la estaba vendiendo no contaba con la autorización necesaria.
La Guardia Civil analizó la documentación aportada y envió muestras del trigo al Centro Nacional del Instituto de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, para realizar los correspondientes ensayos de campo.
EL REEEMPLEO DE SEMILLAS PARA SU AUTOCONSUMO ES LEGAL SIEMPRE QUE SE HAGA CON EMPRESAS AUTORIZADAS
Esos ensayos consisten en la siembra controlada de las muestras tomadas, a fin de certificar la variedad vegetal a la que corresponden, tras esperar un ciclo biológico de un año.
La Guardia Civil ha recordado que el reempleo de la semilla propiedad del agricultor para su autoconsumo es una actividad legal para determinadas variedades agrícolas, siempre y cuando sea realizada por empresas autorizadas.
Los agricultores y las empresas deben garantizar la trazabilidad de la semilla acondicionada (limpia y seleccionada), asegurando que esta se corresponda con la entregada previamente por el agricultor.
El control administrativo y técnico de este proceso corresponde a las comunidades autónomas.
Y, los agricultores que se acojan al acondicionamiento de grano deben comunicarlo previamente al propietario de la patente y abonar un derecho cada vez que multipliquen la semilla, en el caso de variedades certificadas protegidas; se exceptúa a los pequeños agricultores.
Además, no pueden entregar su semilla acondicionada a terceros, ni siquiera en el caso de variedades libres, ya que esta actividad se consideraría comercio y todo grano que se comercialice debe ser certificado.
Las diligencias instruidas por la Guardia Civil se han remitido al juzgado de Instrucción 4 de Valladolid, con una copia remitida a la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente de Valladolid.