En un Documento informativo aprobado en su pleno de abril, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) presentó, a petición de la Comisión, una evaluación complementaria destinada a analizar hasta qué punto los instrumentos y medidas de la actual PAC 2014-2020 de la UE han contribuido a un desarrollo territorial equilibrado en las zonas rurales, centrándose en particular en los aspectos socioeconómicos.

Aunque se reconocen los efectos positivos de la financiación de la actual PAC en el desarrollo rural —ya sea a través de la lucha contra la despoblación, la diversificación de la economía de las zonas rurales o la creación de nuevos mecanismos de gobernanza—, de la citada evaluación se desprende que las medidas de la PAC no han sido suficientes para hacer frente al amplio abanico de retos económicos, medioambientales y sociales a los que se enfrentan las zonas rurales, entre ellos el empleo. Hace falta abordar el desarrollo rural de manera integral y vincular la PAC a otras políticas existentes para afrontar todos los retos a los que se enfrentan las zonas rurales.

Sobre la base de las consultas mantenidas con organizaciones de la sociedad civil y autoridades públicas de cinco países de la UE (Francia, Hungría, Irlanda, Italia y España) y de anteriores dictámenes del CESE —en particular, el Dictamen «Un enfoque integrado para las regiones vulnerables de la UE»—, el CESE analizó la contribución de la PAC a la reducción de los desequilibrios sociales y económicos en las zonas rurales, así como entre las zonas rurales y las zonas urbanas vecinas. En el marco de dicho análisis estudió los aspectos más sensibles de la inclusión social, como el cambio demográfico, las poblaciones y regiones vulnerables y el acceso a los servicios.

EL GRAN CAMBIO DEMOGRÁFICO Y LA DESPOBLACIÓN DE LAS ZONAS RURALES

En las últimas décadas, muchos Estados miembros de la UE se han caracterizado por una tendencia creciente a la concentración de la población, con desplazamientos desde regiones rurales y agrícolas hacia las grandes ciudades y su periferia.

Según datos de Eurostat de 2018, el 70,9 % de la población vive en localidades con densidad de población alta o media, y solo el 29,1 % vive en zonas rurales.

La agricultura sin duda tiene un papel que desempeñar en las tendencias demográficas, ya que es a menudo la piedra angular de la economía local que permite el desarrollo de otros sectores como la industria agroalimentaria y el turismo. Una de las consecuencias de que la agricultura haya perdido atractivo como profesión es el abandono de tierras, con sus dramáticas consecuencias de pérdida de paisajes y de servicios medioambientales que suponen una gestión activa de la tierra.

Las actividades agrarias y silvícolas contribuyen a fijar población, luchar contra la erosión, reducir la frecuencia y la extensión de los incendios y evitar la desertificación. «Por ello es fundamental replantearse toda la estrategia de desarrollo territorial equilibrado para que las personas, especialmente las más jóvenes, se sientan atraídas por la profesión agrícola, con lo que se revitalizaría el mundo rural y se fomentaría el relevo generacional», observa la ponente del CESE Piroska Kállay, quien añade que «la inmensa contribución de las mujeres rurales a las actividades económicas agrícolas y no agrícolas también debe reconocerse adecuadamente: por ejemplo, mediante el acceso a la titularidad conjunta de las explotaciones agrícolas y el aumento de la tasa de ocupación. La igualdad de oportunidades debe ser un aspecto esencial de la PAC, como en cualquier política europea», incluida la actual PAC.

ACCESO A LOS SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL: UNA ESTRATEGIA CLAVE PARA QUE LA POBLACIÓN VUELVA A LAS ZONAS RURALES

Es de suma importancia hacer que la vida en las zonas rurales sea atractiva, con acceso a educación básica, guarderías infantiles, servicios sanitarios, de transporte, culturales y de otro tipo, así como a la digitalización (banda ancha) y los procesos relacionados con ella, que ayudarán a desarrollar nuevas oportunidades de trabajo y negocio («pueblos inteligentes»).

Veinticinco años después de la Declaración de Cork de 1996 (Conferencia Europea sobre Desarrollo Rural), en la que la sociedad civil llamó la atención sobre los problemas de las zonas rurales, la mayoría de las preocupaciones expresadas entonces continúan vigentes, y resulta acuciante hacer realidad el objetivo de «una vida mejor en el medio rural».

El CESE espera con interés la adopción, en junio, de la visión a largo plazo para las zonas rurales de la Comisión, que será un paso fundamental para dar un nuevo impulso a las zonas rurales y hacerlas atractivas para los jóvenes, las empresas y los emprendedores innovadores gracias a la doble transición ecológica y digital.

Si bien la PAC constituye la política fundamental para la financiación y el mantenimiento del empleo en la agricultura, existen otros programas de financiación complementarios que también tienen un papel decisivo. Sin embargo, la evaluación determinó que no existe una coherencia óptima entre la PAC y otras políticas de la UE, nacionales o locales en materia de asuntos sociales, alimentación, medio ambiente, investigación e innovación y comercio. La sostenibilidad medioambiental, económica y social deben ir de la mano.

Urge adoptar un enfoque integral del desarrollo rural que garantice la coherencia y complementariedad de la actual PAC con marcos políticos generales como la Agenda 2030 o los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por consiguiente, la PAC debe vincularse de modo intrínseco al resto de políticas actuales a fin de asegurar que se brinda un apoyo suficiente a las zonas rurales para que den respuesta a la amplia gama de retos económicos, medioambientales y sociales. Entre ellos figuran las condiciones de trabajo dignas, la movilidad, la formación, la inclusión social y los distintos fondos y planes (Pacto Verde Europeo, Estrategia «De la Granja a la Mesa», Estrategia sobre la Biodiversidad, Next Generation EU y la próxima nueva estrategia industrial).

Los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (parte de Next Generation EU) tienen que diseñarse bien para tener un impacto real en las zonas rurales. También es de crucial importancia que los planes nacionales de recuperación y resiliencia incorporen la perspectiva rural.

RECOMENDACIONES PARA LA FUTURA PAC

 En la evaluación se concluye que la iniciativa Leader y el desarrollo local participativo (CLLD, por sus siglas en inglés) han sido las más eficaces de todas las medidas de la actual PAC, por diversificar la economía de las zonas rurales, crear nuevos mecanismos de gobernanza, preservar el legado histórico y cultural y apoyar el emprendimiento. Sin embargo, estas medidas deben recibir recursos mucho mayores y utilizarse mejor. «La participación de las organizaciones de la sociedad civil es fundamental para garantizar el buen funcionamiento de los programas y asegurarse de que se tengan debidamente en cuenta las necesidades locales», destaca Piroska Kállay.

La agricultura social también se consideró una medida eficaz de la actual PAC 2014-2020 al desempeñar una importante función, en particular, para el bienestar y la atención de las personas; el turismo rural y las granjas educativas atraen a la población urbana, por lo que deberían ser objeto de un mayor apoyo.

Las medidas de la PAC no afectan al empleo en las zonas rurales de un modo tan positivo como el que necesitarían la mayoría de los países. De hecho, mientras que las subvenciones de la PAC están especialmente supeditadas al respeto de las normas medioambientales básicas, la salud pública y el bienestar de los animales, no se tiene en cuenta en absoluto el respeto de los derechos humanos y laborales. Esta es la razón por la que la PAC no ha logrado mejorar las condiciones de los trabajadores del sector agrícola. En los países visitados, diversas partes interesadas pusieron gran énfasis en la importancia de la condicionalidad social. «Por lo tanto, deben garantizarse los derechos laborales y unas condiciones de trabajo dignas mediante la condicionalidad social en la financiación de la PAC», concluye la Sra. Kállay.

También habría que crear un Observatorio del Desarrollo Rural que permita discernir las tendencias intrínsecas reales que se están produciendo en las economías puramente rurales y diferenciarlas de las de los centros urbanos con los que están conectadas. Esto resulta esencial para estudiar la dinámica interna de estas zonas a fin de asegurarse de que las políticas se basen en una comprensión completa de la situación.

La PAC debería apoyar la adopción de iniciativas destinadas a organizar las fases previas de la cadena de suministro, representadas por las organizaciones de productores, que no solo permiten a los agricultores ganar en poder de negociación —entre otras cosas, para mejorar los precios de venta— sino que también ofrecen un enorme potencial de creación de empleo a través de una gran variedad de actividades y servicios. Las cooperativas desempeñan un papel importante a este respecto.

En un momento de cambios de paradigma (incertidumbre climática, mayor frecuencia de epidemias, teletrabajo, digitalización, nuevas tecnologías y soluciones), la PAC —en estrecha colaboración con otras políticas— debe seguir prestando apoyo a los agricultores y al desarrollo de las zonas rurales, respaldando al mismo tiempo los cambios necesarios y la adaptación a esta nueva realidad del sector agroalimentario y de la economía rural en su conjunto.

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