Según la fiscalía, los acusados, "puestos de común acuerdo y con la intención de lograr un beneficio económico en perjuicio ajeno, crearon ante Prograsa, empresa proveedora, la falsa apariencia" de que Nueva Comarcal de Reus era solvente, "dado que sus deudas estaban avaladas por Hibramer, entidad mercantil filial del holding empresarial Nueva Rumasa, aprovechando el prestigio empresarial que esta última representaba".
El hijo de Ruiz-Mateos "ofreció avalar las operaciones mercantiles", añade la fiscalía, "con la ilícita finalidad de no terminar saldando la deuda contraída con Prograsa".
Además, los acusados "concertaron en falsificar la firma del que figuraba como avalista en los pagarés emitidos y así poder repeler las reclamaciones de pago correspondientes".
Junto a José María Ruiz-Mateos Rivero, están acusados Juan García Álvarez, director financiero de Nueva Comarcal de Reus; Silvia María Adán de Miguel, representante de Hibramer, y Antonio Solís García, apoderado de Nueva Comarcal de Reus.
El juicio que se celebra en Tarragona quedará visto para sentencia hoy mismo o mañana, último día previsto para las declaraciones de los imputados.
La fiscalía pide tres años y medio de prisión para José María Ruiz-Mateos Rivero, y la defensa de los demandantes solicita seis años.