En el trabajo se resumen casos de estudio sobre la competitividad en el sector agrícola. Sus autores proponen que se “armonice” la política agraria y se adopten “principios racionales basados en estudios científicos” para prevenir el declive de la economía y la pérdida del estándar de vida europeo.
"La UE va a depender casi por completo del progreso científico y de la exportación para conseguir productos alimenticios. Irónicamente, el resto del mundo ha adoptado una tecnología –que es muy impopular en Europa–, al darse cuenta de que es la única manera de lograr una agricultura sostenible", declara Paul Christou, investigador del Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) en la Universidad de Lleida.
Según el grupo de expertos, muchos aspectos de la política agrícola de la UE, incluidas las relativas a los transgénicos, no tienen coherencia interna y obstaculizan lo que la propia política se propone alcanzar.
"Siguiendo la trayectoria actual, la UE se enfrenta a quedarse por detrás del resto del mundo en tecnología, economía y políticas humanitarias".
“La UE ha promulgado una serie de estrategias que pretenden que Europa sea la economía más competitiva basada en el conocimiento, pero ha fallado. Esto es así debido a la paradójica ejecución de las políticas descritas, que son contradictorias, incompetentes y que en realidad promueven las prácticas que ellas mismas rechazan. En muchos casos, estas políticas se basan en intereses políticos a corto plazo en vez de evidencias científicas y modelos económicos a largo plazo”, aseguran.
Política de la UE sobre los transgénicos
Por ejemplo, la Estrategia de Lisboa tiene como objetivo crear una bioeconomía basada en el conocimiento y reconoce el potencial de los organismos genéticamente modificados (OGM), “pero la política de la UE sobre estos cultivos ha creado un ambiente que hace que esto sea imposible”, subrayan.
Asimismo, Christou insiste en que son los grandes productores los que se benefician de las subvenciones destinadas a apoyar a los agricultores, en detrimento de la agricultura familiar.
"A los agricultores de la UE se les niega la libertad de elección; en esencia, se les impide competir porque las políticas de la UE discriminan activamente a aquellos que deseen cultivar transgénicos, pero exactamente los mismos cultivos son aprobados para la importación", dice Christou.
Todo esto, según él, a pesar del hecho de que los transgénicos deben pasar por estrictas pruebas de seguridad y no ha habido ninguna evidencia de daños o riesgos a la salud en los más de 15 años de agricultura de OGM en todo el mundo. Según este grupo de científicos, para revertir esta situación, la UE debe crear las políticas pertinentes, eliminar las inconsistencias que envuelven el cultivo e importación de transgénicos, así como establecer unos niveles aceptables de plaguicidas y micotoxinas. “Esto haría de la agricultura europea una industria competitiva con un comercio armonizado”, enfatizan.
Los científicos auguran que siguiendo la trayectoria actual, la UE se enfrenta a quedarse por detrás del resto del mundo en tecnología, economía y políticas humanitarias.
COAG pide que se vote contra los neonicotineoides
Los apicultores de la organización COAG han solicitado al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, "un apoyo firme" a la suspensión temporal del uso de insecticidas neonicotinoides que la Comisión de Apelación someterá a votación en Bruselas este lunes 29 de abril.
Fuentes de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos han explicado que en marzo, en una anterior votación, en el seno del Comité de la Cadena Alimentaria, "más de carácter técnico que el de la Comisión de Apelación, de índole más político", no se consiguió la mayoría cualificada necesaria para su aprobación.
En esa reunión, España, al igual que otros 12 países, votó a favor de la suspensión temporal del uso de esos neonicotinoides tras introducir una excepción para poder seguir utilizándolos en invernaderos y en árboles frutales que no estuvieran en floración.
"Es posible que esta vez se produzca un acuerdo y que se consiga una mayoría cualificada -14 países a favor-, pese a las reticencias mostradas abiertamente por países como Alemania y Reino Unido a que se apruebe la suspensión de la utilización de dichos insecticidas", han explicado.
Los apicultores de esta organización no descartan que si se desbloquea la situación su aplicación se posponga desde el 1 de julio de 2013 que inicialmente proponía la Comisión Europea (CE) hasta el 1 de enero de 2014.
A su juicio, la prohibición, en los términos que se manejan ahora, afectaría sobre todo al cultivo de maíz, algodón, girasol y colza, "que son además los cultivos más atractivos para las abejas melíferas".
Según los datos que maneja COAG, la polinización de las abejas melíferas "es un servicio insustituible para los cultivos" y su valor podría estimarse en torno a los 22.000 millones de euros en Europa por su influencia en una mayor producción.
La CE propuso la prohibición temporal de tres insecticidas sistémicos neurotóxicos de la familia de los neonicotinoides (imidacloprid, clotianidina y tiametoxam) tras los informes que la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) hizo públicos el pasado 16 de enero y que confirmaban su riesgo para las abejas.
Estos insecticidas, que se comercializan bajo las marcas Cruiser, Gaucho, Escocet, Poncho, Dantop, Actara y Confido, entre otras, se utilizan para el tratamiento de semillas y en pulverización.
A través de la savia, su toxicidad invade toda la planta y llega al polen y al néctar de las flores, afectando al sistema nervioso de los insectos polinizadores, que se aturden y se desorientan y por tanto consiguen volver a la colmenas.
A juicio de COAG, "la CE debe conseguir soluciones tanto para los agricultores como para los apicultores, que tienen actividades complementarias", y "exigir a las multinacionales fabricantes de neonicotinoides que pongan con urgencia a disposición de los agricultores "alternativas eficaces para combatir las plagas".
España es el país europeo con más colmenas -2,5 millones- que anualmente producen entre 30 y 33 millones de kilos de miel y un millón de kilos de polen y cuenta con 25.000 apicultores, de los que cerca de 4.500 son profesionales, según las mismas fuentes.