Incluso se da la circunstancia de que no sólo son empresas privadas las que reciben este dinoero, sino organismos públicos ajenos a la actividad agraria. Así, según esta web, el Institut Català de Sòl (Incasòl), organismo público dependiente de la Generalitat de Cataluña, recibe puntualmente, todos los años, una subvención agraria que ronda los 80.000 euros. Dedicado a la promoción de suelo para uso residencial e industrial, un portavoz de Incasól explica que la empresa tiene “mucho suelo en propiedad en Cataluña que todavía no ha sido desarrollado urbanísticamente, suelos rústicos que a día de hoy tienen usos agrícolas”. Y concretamente que “este año hemos declarado unas 600 hectáreas que dan derecho a recibir ayudas agrícolas por valor de aproximadamente 70.000 euros”, explica este portavoz.
Por su parte, tanto la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) como la Confederación Nacional de la Construcción han manifestado desconomiento con respecto a los planes del Ministerio de Agricultura que afectan a estas empresas.
El Confidencial reconoce que ha tratado de ponerse en contacto con otros tres beneficiarios de subvenciones agrarias para conocer su punto de vista. Dos de ellos han declinado hacer comentarios y una tercera empresa de Madrid que prefiere no dar su nombre reconoce que su negocio principal es el inmobiliario, pero matiza que desde 1999 la empresa se dedica además a la explotación de ganado vacuno.
El momento del Magrama de determinar la "excepcionalidad"
El futuro de estas y de otras ayudas similares, como las que reciben aeropuertos, servicios ferroviarios o empresas concesionarias de agua, está ahora en mano del Magrama, que deberá decidir qué aplicación concreta hace de la imposición de la CE sobre la figura del agricultora activo, que fuerza a incluir en los pagos a los propietarios que mantengan sus terrenos en condiciones.
Por el momento, el director general de Producciones y Mercado Agrarios, Fernando Miranda, ha sido el ínico que hablado de esta cuestión desde la aprobación de los reales decretos de la PAC y ha destacado que los controles de la Administración impedirán que puedan beneficiarse de las ayudas los llamados "cazaprimas" o "agricultores de sofá".
En este sentido, sobre la imposición de la CE a la figura del agricultor activo, asegura que "entendemos que esta última circunstancia en España no se da, en condiciones normales", porque sería "antieconómico", pero en todo caso han regulado también esta excepcionalidad a la regla general.
(Foto: Archivo lacronicaindependiente.com)