España es uno de los países más directamente afectados por el “Brexit”. No sólo son importantes el peso comercial de Reino Unido en las cuentas exteriores de España, y los intereses de las empresas españolas en las islas. En Gran Bretaña viven más de 300.000 españoles concentrados en la región de Inglaterra mientras que en España la cifra de británicos residentes supera los 400.000 repartidos fundamentalmente entre las Islas Baleares, Islas Canarias y la Costa del Sol.

En un entorno económico como el actual, esto supone un grave problema para cuatro cuestiones esenciales –visados, asistencia sanitaria, educación y pensiones– pero muy especialmente para un sector clave como es la agricultura. A pesar del paraguas de Bruselas, España está obligada a entenderse con las autoridades británicas en tanto en cuanto afectaría a la estabilidad de la inversión directa exterior y los intereses empresariales de España en Gran Bretaña.

En un escenario de “Brexit sin acuerdo” se está descontando un fuerte impacto económico sobre los principales socios comerciales de Reino Unido. En este sentido, incluso en un escenario de “Brexit con acuerdo” en el último minuto, le costará a la economía española entre una y dos décimas de crecimiento del PIB y 300.000 empleos, más de la mitad de los empleos creados al cierre del último año 2018. Además, una apreciación continuada del euro frente a la libra esterlina restaría competitividad al sector agroalimentario, perdiendo su actual estatus de principal proveedor de alimentos a las islas británicas.

Para determinar el coste total esperado de la salida de Reino Unido de la Unión Europea para el sector agroalimentario español, es necesario calcular dos impactos: por un lado, un impacto directo a través de la balanza comercial de España con Reino Unido junto a sus inversiones; y, por otro lado, un impacto indirecto basado en el probable recorte de fondos que el sector agrícola español recibe de la Política Agraria Comunitaria (PAC) debido a la posición de Reino Unido como contribuyente neto al Presupuesto comunitario.

Impacto directo del “Brexit” sobre el sector agroalimentario español y catalán

A partir de los últimos datos publicados por la Secretaría de Estado de Comercio correspondientes a los nueve primeros meses de 2018, se observa que Reino Unido es el quinto país destino de las exportaciones agroalimentarias españolas con una cuota del 8% sobre el total y del 6% del total de importaciones. Se trata, por tanto, de un socio preferencial en materia agroalimentaria y con un alto grado de dependencia de los productos españoles. En este sentido, las autoridades británicas han puesto prioridad en el control del abastecimiento de alimentos básicos procedentes de España dentro de los planes de contingencia ante un posible “Brexit sin acuerdo”. Reino Unido produce en la actualidad el 60% de su consumo agroalimentario. Sin embargo, los productos agroalimentarios británicos apenas se consumen en el interior, dado que exporta a la Unión Europea el 70% de su producción. Con lo cual, su grado de dependencia de las importaciones españolas y de otros países europeos es mayor aún más si cabe, especialmente ante la preocupación de que la tasa de inflación suba más.

Dentro del proceso de diversificación de las exportaciones españolas, uno de los mercados geográficos donde más ha dirigido su foco es a Gran Bretaña, especialmente gracias a la evolución de las preferencias de sus ciudadanos por productos de mayor calidad a precios competitivos. En este sentido, en el período 1995-2017, el tamaño del mercado británico para el agro español ha crecido a un ritmo del 6,5% medio anual hasta alcanzar un valor nominal de 3.802 millones de euros. Estimando el cierre de 2018, proyectando la tasa de crecimiento promedio anual de las últimas dos décadas, las exportaciones superarán los 4.000 millones de euros (en torno a 4.050 millones).

Este crecimiento de las ventas a Gran Bretaña se ha realizado con un control extraordinario de las importaciones, las cuales en el mismo período señalado se han mantenido prácticamente estables. De ser España un país importador de productos agroalimentarios de Reino Unido (especialmente productos preparados y bebidas), ha pasado a ser un exportador neto gracias al sector de frutas y hortalizas, grasas y aceites y el sector pesquero (en menor medida también la producción tabaquera) y reduciendo el déficit comercial en bebidas, carne y preparados.

El grueso del comercio agroalimentario entre España y Reino Unido está en las exportaciones españolas de grasas-aceites y de frutas­-hortalizas. En este sentido, entre 1995 y 2017, las exportaciones de grasas y aceites han crecido a un promedio anual del 11,12% mientras que las exportaciones de frutas y hortalizas han crecido a un ritmo medio acumulado anual del 5,47% según los últimos datos ofrecidos por la Secretaría de Estado de Comercio.

Ante el reto del “Brexit”, cabe esperar dos escenarios:

• Un “Brexit sin acuerdo” llevaría al sector agroalimentario español a la recesión con una caída de sus exportaciones a Reino Unido hasta un máximo del 5,4% interanual en 2020.
• Un “Brexit con acuerdo” antes del 29 de marzo amortiguaría los efectos negativos sobre el sector agroalimentario español, reduciendo el crecimiento de las exportaciones hasta el entorno del 1% interanual (resultados similares a los de 2017 con respecto a 2016, primer año de incertidumbre después de la votación del 23 de junio de 2016).

Por último, merece especial hincapié el impacto sobre la agricultura catalana. Presenta una estructura ligeramente diferente a la del conjunto de España, con dos puntos fuertes: el primero es la industria cárnica, la cual exporta a Reino Unido por un valor de 152 millones de euros y el segundo, los preparados alimenticios con un resultado de exportación al cierre de 2017 de 85,68 millones de euros. También está presente la venta de frutas y hortalizas, aunque en una menor proporción que en el total de España. Todos ellos han crecido en las dos últimas décadas a tasa medias anuales de doble dígito, entre el 11% y el 14%. De ser negocios prácticamente inexistentes a haberse forjado una creciente industria exportadora con el porcino y el vacuno como puntos fuertes, lo cual también supone un riesgo ante medidas de restricción al comercio, sobre todo si se cambia la normativa ambiental, fitosanitaria o de salud animal que en la práctica se comporta como una barrera no arancelaria.

Impacto indirecto del “Brexit” sobre el sector agroalimentario español y catalán

No sólo existe un impacto directo en forma de comercio entre España y Reino Unido. La otra fuente de impacto es indirecta vía financiación del Presupuesto de la Unión Europea, la cual ya se tiene que plasmar en el nuevo Marco Financiero Plurianual 2021-2017. Sin embargo, a día de hoy no se sabe quién o qué va a llenar el hueco que deja Reino Unido en Europa tanto en el presupuesto comunitario como en el sistema financiero europeo, cosa que es de vital importancia para España en materia de cuantificación definitiva de la PAC y los fondos de cohesión. Desde luego, el “Brexit” debería ser un motivo de preocupación para los agricultores y ganaderos españoles cuya posición en la PAC queda debilitada por mucho que ya no se tenga que pagar el famoso “cheque británico”.

Reino Unido es actualmente contribuyente neto al presupuesto comunitario en una cuantía de 8.900 millones de libras esterlinas (11.566 millones de euros al cambio actual), siendo el segundo mayor contribuyente neto detrás de Alemania. Por tanto, su desaparición incluso con un “exit bill” (el pago de Reino Unido para cubrir los compromisos adquiridos en los últimos años mientras que ha sido miembro) de entre 40.000 y 50.000 millones de euros no sería suficiente para cubrir su posición neta y, por tanto, los Estados miembros de la UE tendrían que decidir entre aportar un porcentaje mayor de su Producto Nacional Bruto (PNB) al presupuesto común o recortar la partida de agricultura. En este sentido, con respecto al futuro de la política agraria en medio del “Brexit”, el comisario de Agricultura europeo Phil Hogan se ha limitado en varias ocasiones a asegurar que habrá suficiente financiación para cubrir la contribución neta de Reino Unido al presupuesto comunitario y, por tanto, el Brexit no supondrá una pérdida de recursos para la PAC próxima.

Sin embargo, dado el peso que tiene la política agrícola en el presupuesto comunitario (en torno al 38% del gasto total no financiero de la UE) y las prioridades de gasto establecidas en las negociaciones de los últimos años, será necesario o bien recortar gasto de otras partidas para cubrir estos 11.566 millones o buscar financiación fuera del presupuesto acudiendo a fórmulas de mercado, colaboración público-privada o incluso planteándose una cofinanciación con los Estados miembros de la UE.

Sin duda, esta última posibilidad aún no desmentida por la Comisaría de Agricultura, supondría en la práctica la ruptura del mercado común dado que los países que poseen mayor capacidad financiera, podrían subvencionar más y mejor a sus agricultores (el caso de los mayores contribuyentes netos al presupuesto como son Alemania, Francia y Reino Unido) mientras que países con mayores restricciones financieras tendrían más dificultades para ayudar a su sector agrícola nacional. Este punto se aclarará pronto porque la unidad de mercado y las cláusulas de “trato nacional” forman parte de la columna vertebral de la Unión aduanera.

La salida de Reino Unido tampoco aclara algunos de los compromisos que Europa tiene todavía que cumplir en materia de barreras no arancelarias (regulaciones sanitarias, medioambientales y fiscales, entre otras) y en materia de control y vigilancia de la distorsión de precios de origen ocasionada por las subvenciones agrarias. En este punto, sí existe una postura común entre la Unión Europea y Reino Unido que comparten la visión de que la PAC debe evolucionar desde el primer pilar (pagos directos) al segundo pilar (desarrollo rural condicionado), incluso planteándose un mecanismo de transferencia de fondos del primer al segundo pilar. 

Conclusiones

En suma, las consecuencias sobre España y sus empresas se alargarán en el tiempo, siendo más duras cuanto más se prolongue esta situación de conflicto institucional. Para muchas empresas españolas (especialmente las agrícolas, energéticas y de infraestructuras) su supervivencia en Reino Unido depende de que se respete el actual modelo concesional y no se caiga en proteccionismo comercial. Conforme se acerca la fecha del 29 de marzo de 2019, las tensiones crecen y la incertidumbre se dispara. Sin embargo, la experiencia también señala que puede tratarse de otra negociación más al estilo europeo que termina bien en el último minuto. Esperemos que así sea.

Tabla resumen de impactos por ramas de actividad

Fuente del texto y de los gráficos; http://www.institutagricola.org/