Los seis imputados por la Junta de Castilla-La Mancha por repoblar Fraguas, un pueblo abandonado en la Sierra Norte de Guadalajara, han sido condenados a un año y seis meses de cárcel y a una sanción de 16.380 euros. Además, deberán pagar la demolición de las casas que han ido levantando de las ruinas en los últimos cinco años. La Junta será quien valore el coste final de esas tareas de demolición. Si los seis condenados se niegan a pagar o no son capaces de reunir el dinero, la pena aumentaría a un total de tres años de cárcel, lo que les obligaría a ingresar efectivamente en prisión. Los condenados van a recurrir la sentencia ante la Audiencia Provincial de Guadalajara.

«Nos ha sorprendido muchísimo, pensábamos que podíamos tener la absolución porque tenemos argumentos de peso a nuestro a favor. Con esta sentencia nos queda clara la actitud de la Junta de Castilla-La Mancha frente a iniciativas para combatir la despoblación del mundo rural. Han querido ponernos un castigo ejemplarizante», afirma a elconfidencial.com Jaime Merino, portavoz de los condenados y residente en Fraguas, un pueblo abandonado en 1968 que gracias a este proceso de repoblación iniciado en 2013 ha pasado a tener unos 15 habitantes fijos y una creciente actividad en forma de talleres para niños, investigación medioambiental y construcción sostenible.

La Junta pedía en su denuncia cuatro años y cuatro meses de prisión para cada acusado por dos delitos de usurpación de monte público y ordenación del territorio. El juzgado de instrucción número 1 de Guadalajara solo ha atendido la segunda acusación, condenando por ello a cada ‘okupa’ de Fraguas a un año y seis meses. En cuanto al delito de usurpación, se fija una multa de seis euros diarios durante tres meses.

«Queremos dejar claro que no tenemos recursos económicos para afrontar las multas, y tampoco para afrontar el pago de la demolición, por lo que el ingreso en prisión es seguro», advierte Merino. «Es una sentencia dura. Aunque se evita la entrada en prisión de inicio, la capacidad económica de estas personas es muy limitada. Han tardado cinco años en poder rehabilitar tres casas», indica Erlantz Ibarrondo, abogado de los condenados. «Ahora estamos al albur de lo que la Junta considere que cuesta demoler el pueblo. Puede ser la cantidad que sea. Es surrealista que les obliguen a destruir lo que han hecho para que haya unas ruinas de nuevo», prosigue. Ibarrondo insiste en que de ningún modo el delito de los ‘okupas’ cabe en el código penal y que lo lógico hubiera sido que la Junta lo llevara por vía administrativa.