UCCL, "aún considerando de vital importancia el mantenimiento del sistema existente en la actualidad, estima que en este proceso negociador, la continuidad de las cuotas debe ir ligado de una forma ineludible a un precio digno para la remolacha" pues en caso contrario sólo se están “condenando” a unos agricultores como los de Castilla y León, que continuamente están dando muestras de su profesionalidad al situar sus rendimientos por hectárea en los más altos de la Unión Europea, a producir a perdidas.
Desde la Unión de Campesinos de Castilla y León se considera que si precio y cuotas no van unidas "se va a producir el desmantelamiento de un sector, que, teniendo como base una Organización Común de Mercados propia, que había funcionado a la perfección durante más de 30 años y que se comenzó a derribar con la reforma aprobada en 2006 que ha supuesto la pérdida de la mitad de la cuota nacional que ahora mismo no llega a las 500.000 toneladas de azúcar frente a un consumo interior anual en crecimiento que se sitúa en los 1,3 millones de toneladas; la caída de la superficie que la región dedicaba a este cultivo en un 44% pasando de las 53.420 has de 2006 a las 27.798 de la campaña actual; la pérdida de activos que se dedican a está actividad en Castilla y León en casi un 44% al disminuir desde los 9.720 remolacheros de 2006 a los 5.453 que la han declarado en su PAC este año, el cierre de 7 azucareras en España, la pérdida de más 1.000 puestos de trabajo directos en la industria…".
Es evidente que éste es el momento, para esta organización, en que todas las partes afectadas se impliquen para "tratar de salvar un sector que parece agoniza por la continuada caída de su precio que se ha visto agravada en los últimos años por el abandono de la Junta de Castilla y León, que dejado de pagar los tres euros de la ayuda regional, como por la falta de implicación de Azucarera Ebro con él pues no está siendo capaz de repercutir los beneficios que está teniendo con las venta de azúcar en la renta de los cultivadores".