LA ALIANZA UPA-COAG ha trasladado a la Consejería de Sanidad la necesidad de que en relación con los servicios deben prevalecer los criterios sociales sobre los meramente economicistas a la hora decidir las inversiones precisas en equipamientos e infraestructuras.
Aplicar la relación “inversión/usuario” condena una vez más al medio rural y la inversión pública debe tener en cuenta no sólo los aspectos económicos, sino también los sociales, de equilibrio territorial y de distribución.
Por este motivo, hemos defendido la gestión pública directa como la mejor fórmula para el acceso universal a los servicios públicos en condiciones de equidad de acceso, tanto en el ámbito rural, como en el urbano, y como garantía de calidad de un derecho social tan importante como es el de la salud.
(Foto: Archivo)