EFE.- El coordinador de la organización, Jesús Manuel González Palacín, ha reconocido que será necesario que se realice una evaluación de los daños, aunque ha avanzado que según sus cálculos oscilarán entre los cincuenta y los setenta millones de euros de pérdidas.
En su opinión, será necesario que se coordine el esfuerzo de las administraciones autonómica y estatal para ayudar a los afectados, aunque "el primer paso debe ser la declaración de zona catastrófica, porque los daños concretos se pueden evaluar después".
González Palacín ha asegurado que el cereal que quedó bajo el agua se puede dar por perdido, aunque también hay daños importantes en la tierra de cara a próximas siembras e infraestructuras dañadas, sobre todo caminos rurales.
En su opinión, parte de la responsabilidad de los daños es de la Confederación Hidrográfica del Duero y de la Consejería de Agricultura, que son responsables del mantenimiento y regulación de ríos y riberas.
De hecho, ha estimado que el 80% de los daños se podrían haber evitado con simples trabajos de prevención y ha puesto como ejemplo lo ocurrido en las cuencas de los ríos Arlanza y Pisuerga, que están entre las más dañadas y que no hubieran provocado problemas si se hubiera terminado la presa de Castrovido, que está proyectada desde hace setenta años.
El coordinador autonómico de la UCCL ha afirmado que ya ha solicitado reuniones con responsables autonómicos y estatales para concretar actuaciones a realizar cuando descienda el nivel del agua.