Tres de los siete detenidos por la Guardia Civil en el marco de la operación abierta al sindicato agrario UPA-UCE Extremadura, siguen en el interior de la sede regional de esta entidad, en Mérida, junto a una veintena de efectivos del instituto armado y donde sigue un registro que cumple ya 24 horas.
Acompañados por abogados, y con presencia de la secretaria judicial, estos tres detenidos han pasado toda la noche en el interior de la sede del sindicato, donde la Guardia Civil ha encontrado «miles de hojas» de documentos relacionados con la investigación. La propia UPA criticaba en la noche del miércoles las formas utilizadas en esta operación.
En las últimas cinco horas, la Guardia Civil ha centrado el registro en los despachos ubicados en la sede, ya que anteriormente -desde las 08,00 horas del miércoles 2- las pesquisas se centraron en los archivos, tanto en papel como en soporte informático.
Hasta esta sede, ubicada en el polígono industrial Cepansa de la capital emeritense, se ha desplazado a primera hora de esta mañana del jueves una ambulancia, si bien no ha trascendido el motivo de su presencia.
En el interior de las dependencias de UPA-UCE permanecen en calidad de detenidos y presenciando el registro el secretario general, Ignacio Huertas; el responsable de Acción Sindical y Agricultura, José Cruz, y el exsecretario de Organización Miguel Leal.
Además de éstos, la Guardia Civil ha detenido a cuatro personas más: el secretario de Organización, Maximiano Alcón; la vicesecretaria general, María Antonia Alcalá -arrestada en Plasencia-, una persona vinculada «directa o indirectamente» al sindicato cuya identidad no ha trascendido, y una persona relacionada con la empresa Servicio Integrales de Extremadura, que habría desarrollado labores de asesoría.
Estas cuatro últimas permanecen desde el miércoles por la tarde en dependencias de la Guardia Civil de Cáceres.
La operación, denominada «Tellus», ha sido iniciada desde un Juzgado de Cáceres, y los acusados se enfrentan a posibles cargos de pertenencia a organización criminal, por delitos contra la Hacienda Pública, por fraude en subvenciones y por blanqueo de capitales.
Así lo han indicado a Efe fuentes de la investigación, que han señalado que también se investiga a estos arrestados por falsificación de documentos.