Para el subdirector general de Cooperativas Agro-alimentarias, Agustín Herrero, la marca de la distribución no es una referencia a seguir, "debe estar donde debe estar pero no más allá y mucho menos convertirse en una referencia para todo el sector".
En su opinión la Ley parte de compartir que ese no es el modelo que "nos interesa como país y se intenta corregir".
Ha apuntado que en su opinión es un error entender que en la cadena alimentaria existe una relación entre iguales, que ha sido el razonamiento adoptado para que en algunos casos se exima de tener que hacer contratos por escrito.
ASAJA sólo espera que acabe con los "abusos"
El presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro Barato, ha asegurado que no pretende que la Ley arregle ni el mercado ni los problemas empresariales, pero sí los abusos que el sector de la distribución hace.
En su opinión, a lo largo del proceso de tramitación de la cadena se han puesto trabas, "nosotros hemos hecho el lobby correspondiente en el Congreso y en el Senado", pero ha criticado que otros (en relación a la distribución) "hayan acudido a despachos más altos para que esta ley no tuviera la trascendencia que tenía que tener".
COAG se queja de que no recoge la venta a pérdidas
Según el responsable de agricultura y medio ambiente de la organización agraria Coag, Andoni García, la política de bajos precios sostenida en el tiempo es "dañina para nuestra economía" y los consumidores pagan hoy más por sus productos, pero a los productores les pagan los precios de hace 20 años.
Ha reclamado que los contratos por escrito se extiendan a todos los operadores y ha criticado que pese a que todas las enmiendas, a excepción de las del Grupo Popular, recogían la prohibición de venta a pérdida dentro de las practicas abusivas, así como el uso de productos reclamos, al final la ley no lo recoge.
UPA espera que se incorpore un régimen sancionador que se cumpla
El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y ganaderos (UPA), Lorenzo Ramos, ha reclamado que la Ley incorpore un régimen sancionador que sirva, porque "si incumplir cuesta barato aquí se va a incumplir", algo que asegura ya les pasa con la ley de morosidad, "nadie paga en los plazos regulados (30-60 días) y en el caso del tomate se está pagando a un año".
Ha rechazado paquetes lácteos como el de Bruselas con los que se encuentran los ganaderos, a quienes les dicen que "o venden a 25 céntimos el litro o no les compran; tenemos que ser capaces de cubrir los costes de producción, porque los consumidores pagan bastante y hay margen par que todos reciban lo justo".
Promarca quiere sanciones proporcionales a la facturación
Por su parte, el presidente de Promarca, Ignacio Larracoechea, ha asegurado que le hubiera gustado que las sanciones de la ley fuera proporcional y se vinculara a la facturación, "porque no se puede sancionar igual a los pequeños que a los grandes, es necesario una proporcionalidad".
En su opinión, habría que asegurar que todas las marcas compiten en igualdad de condiciones, pero considera que hay marcas (en relación a las de la distribución) que está protegidas respecto a las independientes, ya que cuando un distribuidor sube el precio de una marca un 25 % más que la suya, lo que ocurre es que "le echas del mercado".
Por su parte, los representantes de las organizaciones de consumidores y usuarios intervinientes en la jornada han reclamado poder participar en la redacción de ese código de buenas prácticas que incluye la Ley de la mejora de la cadena alimentaria, ya que pueden vigilar por su cumplimiento y darlo a conocer.
Carrefour pide adecuar los precios "a la inevitable realidad"
Por su parte, el presidente de Carrefour España, Rafael Arias-Salgado, ha afirmado que ante la menor disponibilidad de renta de los consumidores en la actualidad "hay que adecuar el surtido y el precio a esta inevitable realidad", y ha pedido más flexibilidad en la regulación comercial.
Así lo ha indicado durante la jornada de pequeñas y medianas empresas celebrada por la compañía, en la que ha premiado a 16 proveedores de Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Asturias y Murcia.
"Habría más inversión y empleo, más eficiencia, mayor productividad y más compras a nuestros proveedores con un marco regulatorio más sencillo, abierto y flexible", ha dicho.
Asimiosm ha indicado que "el mayor y mejor progreso económico vendrá de la libertad económica, no de su restricción, de ahí la importancia de la unidad de mercado real, tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea", ha añadido.
Por último, ha manifestado su apoyo a la internacionalización del sector agroalimentario español y resaltó la base "más favorable" que ofrecerá el proyecto de ley de apoyo a los emprendedores.