El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves, 20 de marzo, la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que en realidad se ha convertido en una ley ómnibus en la que se han incluido enmiendas importantes para el sector, como retirar al lobo de la protección del Lespre,, pero también temas como la representación agraria o que la propia Ley contra el Desperdicio Alimentario no afecte a las explotaciones agrarias o ayudas al olivar y viñedo afectadas por la sequía; aunque lamenta que algunas otras hayan quedado fuera de lo aprobado en el Congreso, como la ayuda a las plantas de tratamiento de purines para cogeneración y la revisión de los procedimientos de presas y azudes.
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha valora muy positivamente la aprobación de esta Ley ya que, además de regular esta materia, ha incorporado en su tramitación varias cuestiones más de importancia, muchas de ellas presentadas por la propia organización, que la han convertido en una verdadera norma ómnibus.
Respecto de la regulación del desperdicio alimentario, Unión de Uniones impulsó desde un primer momento, «y ha conseguido, que la práctica totalidad de las explotaciones agrarias españolas queden fueran de las obligaciones de la normativa, que iban a suponer una nueva carga económica y de burocracia para los agricultores y ganaderos, al eximir a las pequeñas y microexplotaciones».
REPRESENTATIVIDAD EN EL SECTOR AGRARIO
Una de las cuestiones más trascendentes que han quedado recogidas en la norma aprobada, es el establecimiento de «un nuevo procedimiento de determinación de la representatividad de las organizaciones agrarias, más democrático, porque tiene en cuenta las elecciones agrarias autonómicas celebradas y que puedan celebrarse en el futuro; y más objetivo y abierto porque permitirá acceder al marco de interlocución institucional a cualquier organización que acredite unos mínimos de presencia e implantación en el sector mediante criterios cuantificables», como valora la organización agraria.
Para Unión de Uniones, «en los momentos críticos que vive el sector, es vital que quienes se sienten a negociar en nombre de los agricultores y ganaderos acrediten que están legitimados para hacerlo. Además, en la ley se recoge que, en un período de cinco años, el gobierno tendrá que avanzar hacía sistema basado fundamentalmente en las urnas y el voto de los profesionales», evidenciando que no se renuncia a que se consulte en las urnas a todos los agricultores y ganaderos de España.
Por otro lado, también a iniciativa de Unión de Uniones, se ha aprobado que el Gobierno tiene dos meses para establecer una ayuda excepcional para el olivar y viñedo afectados por la sequía de pasados años, destinada a agricultores y explotaciones agrarias, con un montante total de 370 millones de euros. En caso de incumplimiento, la organización está dispuesta a recurrir a los tribunales para que se lleve a cabo.
La organización se congratula también que haya quedado aprobado en el Congreso los cambios aprobados en cuanto a la regulación de la gestión del lobo, que permitirá un mejor control de la sobrepoblación de este depredador y la protección más eficaz de los ganaderos frente a los ataques; así como de la flexibilización del uso de contratos temporales para campañas agrícolas; medidas ambas en las que Unión de Uniones ha intervenido frente a los grupos parlamentarios para facilitar la mayoría que las ha hecho posibles.
LA AYUDA A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE PURINES PARA COGENERACIÓN Y LA REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PRESAS Y AZUDES SE HAN QUEDADO FUERA
La organización critica, no obstante, que el Gobierno haya vetado la votación de la medida para prorrogar la ayuda a las plantas de tratamiento de purines para cogeneración de energía, una cuestión propuesta por Unión de Uniones y que sí contaba con apoyo para haber salido adelante, lo que pone en un grave problema a los ganaderos de porcino que acuden a estas instalaciones para gestionar sus purines.
También lamenta que haya quedado fuera la propuesta de Unión de Uniones para revisar los procedimientos de presas y azudes, incluyendo en los planes la obligación de audiencia pública a los afectados y la obligación de informe de impacto ambiental previo.
«Quedan muchas cosas para solucionar en el campo y seguiremos insistiendo en estas medidas y otras muchas que hemos presentado al Gobierno y al legislativo» señalan desde la organización «pero Unión de Uniones está demostrando que con el trabajo serio y la negociación es posible dar respuesta a demandas de los agricultores y ganaderos que se visibilizan en las movilizaciones», concluyen.