La Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (ASPROCAN) -que representa al 100% del sector del plátano en España– ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea (Bruselas) para obtener solución a su situación, generada por la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria.
Los productores reconocen que este procedimiento -que presentaron este miércoles, vía telemática, en Bruselas- ha sido una decisión muy delicada, pero es la “última salida” que les queda para conseguir la “supervivencia del sector” frente a la aplicación de los artículos 9.1 c), 9.1 j) y 12 ter, que establece la modificación de la Ley de la Cadena. El sector del plátano de Canarias es una actividad clave para la agricultura, que representa, cada año, una contribución económica directa de alrededor de 430 millones de euros para las islas, y que supone un mercado cercano a los 1.000 millones de € anuales en España.
La denuncia se produce tras más de un año en el que ASPROCAN ha venido reclamando al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación -que encabeza el ministro Luis Planas- que el Plátano de Canarias se exceptuara de ciertos preceptos de esta ley. Artículos que impiden que los productores puedan, entre otras cosas, negociar, libremente, el precio de venta de su fruta, con el objetivo de poder competir con la banana de terceros países, cuyos precios en el mercado español son los más bajos de toda Europa, debido a la política comercial de las multinacionales bananeras, así como a una normativa laboral, medioambiental, social y de seguridad alimentaria con menores garantías que las europeas. Una competencia dominada por un pequeño grupo de multinacionales que controlan el mercado mundial y a las que, además, no se les exige cumplir con esta misma Ley de la Cadena. Una discriminación positiva para la banana inexplicable que convierte a esta ley en “La Ley de la banana”.
Además, ASPROCAN viene denunciando, desde hace meses, que la Ley, a pesar de su nombre, “no se aplica al conjunto completo de la cadena alimentaria”, desde el campo hasta la distribución y venta al consumidor. Los puntos de venta quedan fuera de la Ley y es ahí donde los productores piden “reequilibrar” los márgenes que se aplican y que se traducen en precios al consumidor muy elevados (en ocasiones con ‘sobremárgenes’ que pueden llegar hasta el 300% sobre el precio del plátano de Canarias en origen, mientras que la banana se vende en muchos momentos a precio de coste). Una situación de grave desequilibro que “tampoco solucionará” la Ley de la Cadena Alimentaria.
INCUMPLIMIENTO DEL MINISTERIO
Tras la visita de Luis Planas a la isla de La Palma, el pasado 14 de mayo, el ministro se comprometió personalmente -ante los productores- a trabajar de forma conjunta con ASPROCAN para dar respuesta a las necesidades de los productores de plátano.
Tras semanas de intercambios de propuestas entre el sector y el Ministerio de Agricultura, y cuando apenas quedaba afinar detalles, el Ministerio comunicó por sorpresa su renuncia a cualquier acuerdo, de tal forma que a día de hoy el proponente – el Gobierno de España – no ha presentado ninguna enmienda relativa al plátano.
Hoy 1 de julio, el Congreso de los Diputados da luz verde al comienzo del proceso de tramitación de la modificación de la Ley de Cadena, por lo que apenas quedan unos días para una posible solución a ser negociada.
“El ministro Planas se comprometió, personalmente, el pasado mes de mayo en la isla de La Palma a buscar una solución para el sector, pero a día de hoy no ha cumplido su palabra. 15.000 familias que viven del cultivo de plátano confiábamos en que cumpliera”, afirma Domingo Martín, presidente de ASPROCAN.
Domingo Martín denuncia, además, que “mientras no haya igualdad de condiciones sociales, medioambientales y de seguridad alimentaria” para la producción de banana importada igual que para el plátano, el sector debe disponer de “seguridad jurídica para poder competir con todas las garantías y evitar la destrucción de entre el 30% y hasta, incluso, del 80% de la producción anual que nos llevaría a la ruina. La aplicación de la ley nos llevará a perder un mínimo de 100 millones de euros en ventas cada año”.
A LA ESPERA DE LA DECISIÓN DE BRUSELAS
Así las cosas, será la Comisión Europea (Bruselas) la que deba pronunciarse y decidir sobre los siguientes pasos en un procedimiento destinado a investigar la posible existencia de una violación del derecho de la Unión Europea por parte del Reino de España.
Uno de los escenarios que se abre es que la institución europea inste a que España busque una solución coordinada para corregir la situación del sector específico del plátano. Otra posibilidad podría pasar porque la Comisión Europea eleve el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJE) de Luxemburgo.
El pasado mes de marzo el Parlamento de Canarias aprobó sin voto en contra instar al Gobierno de España a aplicar la excepcionalidad del plátano de Canarias a los preceptos de la Ley que necesitaba el sector. Sin embargo, esta voluntad de la cámara representativa de todos los canarios no está siendo respetada.
El Gobierno de Canarias ha estado en todo momento al corriente de todos y cada uno de los pasos dados, y el sector agradece la labor de su presidente, Ángel Víctor Torres, quien ha tratado de interceder y conseguir una solución. Sin embargo, toda vez que la respuesta del Gobierno de España ha sido dar la espalda al sector sin más explicación, ASPROCAN entiende que el Gobierno de Canarias “debe posicionarse con rotundidad, del lado del Plátano de Canarias”.
Según ASPROCAN, al sector del plátano no le queda más remedio que “utilizar el mecanismo comercial de vender a pérdidas en determinadas circunstancias y segmentos de mercado”, para “poder seguir compitiendo” contra una banana que cuenta con unos “costes de producción muy bajos, con unos salarios propios de semi-esclavitud, y a la que no se le exigen las garantías de seguridad medioambiental, laboral y fitosanitaria que se exige al plátano de Canarias”
En este sentido, ASPROCAN ve irresponsable “ofrecer a los agricultores un mensaje prometedor de supuestos ingresos que sin duda merecen y necesitan pero que están fuera de la realidad del mercado libre en el que compiten”. “No es popular decirlo, pero no seremos nosotros quienes mintamos a los productores con promesas imposibles”.