José María Fresneda / Secretario General de ASAJA de Castilla-La Mancha

 Como casi siempre en los negocios, todo guarda algún que otro interés económico. En el mundo del vino, también. El problema llega cuando para conseguir esos intereses se roza la ilegalidad o se abandona la ética profesional.

En el circuito del vino todo empieza cuando un agricultor planta una viña. Los siguientes eslabones de la cadena agroalimentaria se encargan de la elaboración del vino y de su distribución. Todo es necesario, pero el origen es el agricultor.

Cuando los intereses de los agricultores se ponen en la cuerda floja, únicamente cuentan con su organización agraria para que los represente, y con esta finalidad ASAJA ha decidido actuar denunciando pública, administrativa o judicialmente los casos en los que se actúe al margen de la ley en el sector vitivinícola. Es la transparencia que exigen los viticultores honrados frente a los estómagos agradecidos y tramposos.

Las investigaciones y las sanciones impuestas a partir de las denuncias demuestran la existencia de fraudes en el sector del vino. Sin ir más lejos, este año estamos leyendo algunos titulares al respecto: Desmantelan una trama dedicada a comercializar ‘vino de laboratorio’ desde la comarca de Tomelloso; Expedientan a tres bodegas por un presunto fraude en la comercialización del vino; Delgado: “El fraude del vino llega también al vinagre”, etc.

Así que si los intereses económicos de unos, suponen aplastar a otros, se cruzarán con ASAJA por el camino y, los que quieran, podrán unirse a la organización en la lucha por el reparto justo del valor del producto en la cadena alimentaria. Toca quitarse la careta y dar la cara. Toca saber a qué bando pertenecen.

Del lado de los tramposos estarán a los que les molestan las normas, ya sean las de producción o de comercialización, y los estómagos agradecidos que callan u otorgan responsabilidades a quienes exigen la transparencia, incluidos los palmeros políticos y mediáticos. Pero en este bando, están los mínimos, aunque suenen los que más.

Así pues, tanto los que defraudan en la producción, elaboración o venta del vino, como los que protegen y amparan a estos defraudadores, están en nuestro punto de mira. Incluso, los que callan. Aquí y en cualquier otra comunidad autónoma.

Ahora bien, de nada sirve defender la legalidad sin la implicación de las Administraciones para corregir o eliminar este tipo de prácticas. De nada sirven las denuncias, las investigaciones o las sanciones, si se permite actuar una y otra vez a los mismos tramposos.

Perdemos el tiempo si abrimos todo un proceso judicial para terminar en una sanción que no impida volver a delinquir. Además del endurecimiento de las sanciones económicas, hay que legislar para conseguir que los mismos tramposos no puedan reincidir aprovechándose de fórmulas de intercambio de productos o de negocios en unas u otras comunidades autónomas.

De lo contrario, seguirán perdiendo los consumidores cuando compran gato por liebre, y los viticultores honrados, que ven como cae la rentabilidad en su explotación a favor de los bolsillos de tramposos y estómagos agradecidos.