"Seguimos a la espera de que el Gobierno de Canarias acredite la prioridad que da al sector complementando la cantidad que falta" y ponga 4 millones de euros en 2013 para que sus aportaciones alcancen los 23 millones de euros que sufragó el Estado.

     Una vez que el Gobierno canario cumpla con sus compromisos de costear el 50% de los 19 millones de euros pendientes, el Ministerio "podría analizar la posibilidad de seguir complementando al 50% la ayuda al Posei", circunstancia que ya ha sido trasladada a la Consejería de Agricultura insular, según la ministra.

     También ha afirmado que Canarias ha contabilizado como aportaciones al sector 8 millones de euros que ha trasladado a este ámbito, aunque se trata de "fondos comunitarios".

     "Esperamos que Canarias reequilibre las aportaciones realizadas por la Administración General del Estado", ha insistido.

Los canarios se defienden con los incumplimientos del Gobierno


     Por otra parte, García Tejerina destacó los logros en la negociación comunitaria del Gobierno central, que beneficiarán al sector agrícola y al tomate canario, como garantizar una ficha financiera para el Poseican hasta 2020 y la modificación del régimen de precios de entrada de tomate en la Unión Europea (UE).

     "Algo muy demandado" por el sector y que "ha sido este Gobierno" quien logró, ha resaltado.

     En su intervención, Quevedo había acusado al Estado de incumplir sistemáticamente sus obligaciones con el sector tomatero insular desde la llegada al Gobierno del PP. Ha considerado que el Gobierno central "debe" a Canarias 8,1 millones de euros en ayudas especiales del Programa Posei, ya que "no han aportado nada desde 2011" en ayudas de Estado, a lo que sumó otros 18 millones de euros en ayudas al transporte.

     En este último capítulo, ha apuntado que el Gobierno no cumplió su obligación de aportar el 65% de la subvención al transporte que le correspondía en 2011 y que en 2012 sólo pusieron el 24 %, mientras que no cuentan con datos de 2013.

     A su juicio, además, el Gobierno no defiende al sector frente a la "competencia desleal" de Marruecos, que "sistemáticamente incumple los acuerdos" con la Unión Europea (UE), por lo que "15.000 puestos de trabajo corren riesgo de desaparecer".

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