La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha afirmado que la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ha comenzado a investigar si algún operador de frutas y hortalizas ha vulnerado la ley de cadena alimentaria y que ésta actuará «con contundencia» si detecta irregularidades.
Así lo ha destacado García Tejerina en una respuesta en el Pleno de la Cámara Alta al senador del Grupo Parlamentario Socialista (GPS) Juan Carlos Pérez.
La ministra ha afirmado que el Gobierno considera que el comportamiento de los precios en origen de las hortalizas se explica por las condiciones meteorológicas adversas que han afectado a Europa y han reducido la oferta.
Los precios al consumidor subieron por el encarecimiento en origen, aunque una vez que éstos bajaron las cotizaciones al consumidor se están reduciendo más lentamente, de acuerdo con los análisis que ha realizado el Ministerio.
Tras estos informes -y también a petición del propio sector y por las denuncias recibidas-, la AICA ha comenzado ya a investigar si algún operador ha incumplido la ley de cadena alimentaria.
La ministra defiende que desde 2013 el sector tiene dónde denunciar y tiene quien le proteja
Esta misma semana -ha añadido-, se ha convocado una reunión en la Subdelegación del Gobierno en Almería entre la AICA y representantes de las organizaciones profesionales agrarias para analizar la situación.
La ministra ha insistido en que desde 2013 el sector tiene dónde denunciar, quien le proteja y le defienda sus legítimos intereses, en alusión a la AICA, «herramientas que les ha dado un Gobierno del PP».
Si la AICA detecta algún incumplimiento de la ley de cadena alimentaria «actuará con contundencia» y si, además, descubre otras irregularidades, como una posible concertación entre competidores para influir en los precios, lo denunciará inmediatamente ante las autoridades competentes españolas y europeas, ha añadido.
Ha remarcado que la ley de la cadena alimentaria protege a los eslabones más débiles, especialmente a los agricultores, y pone coto a situaciones de indefensión y prácticas abusivas comerciales que siempre existieron en el pasado y que ningún gobierno antes abordó.
«Hoy ya no es 2011» y los agricultores disfrutan de contratos, con un precio y período para el cobro, y una agencia, la AICA, que vela por su cumplimiento, ha destacado.
Por su parte, el senador socialista ha aludido a que, tras el incremento «histórico» de los precios de las hortalizas y los márgenes obtenidos por la distribución, más tarde los agricultores han visto bajar los precios sin motivo aparente.
En este contexto, ha denunciado que productores y consumidores «han pagado una crisis que no han provocado» y en su opinión se han visto «desamparados» por el Gobierno y el Ministerio.
Ha reclamado que el Ministerio investigue las prácticas «especulativas» de las grandes centrales de compra porque se necesita «control» ante las bajadas bruscas y repentinas de los precios que perciben los agricultores, que no se corresponden con una situación real de oferta y demanda, y no se traducen tampoco en lo que pagan los consumidores finales.