En este sentido, García Tejerina ha indicado que el Gobierno ha trabajado durante estos últimos tres años “para fortalecer y vertebrar el sector agroalimentario, para darle herramientas para que pueda consolidar su crecimiento y se constituya como un sector estratégico para la economía española”.
Competitividad de la cadena alimentaria
Asimismo, la ministra ha destacado que, una vez conseguido un horizonte de estabilidad para el sector, gracias fundamentalmente a la reforma de la Política Agraria Común, resulta muy importante reforzar la competitividad de todos los eslabones de la cadena agroalimentaria para que pueda seguir creciendo.
En este contexto, una de las actuaciones más importantes del Gobierno ha sido la aprobación de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y los dos reales decretos que culminan su desarrollo “y que constituyen el marco regulatorio que permitirá el buen funcionamiento de las relaciones comerciales entre los distintos operadores”. Según ha destacado la ministra, se trata de la primera vez que se regula en España y también la primera vez que se hace en la Unión Europea.
García Tejerina ha concretado como uno de los objetivos principales de la ley acabar con las prácticas comerciales abusivas, mediante la obligatoriedad de suscribir contratos con un precio cierto y un plazo de cobro.
Régimen de controles de la AICA
También ha indicado que, para velar por el cumplimiento de la ley, se constituyó la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA). Así, el Real Decreto sobre el régimen de controles regula todos los procedimientos en los que se enmarcan las actuaciones de la Agencia.
A este respecto, la ministra ha indicado que desde que se constituyó AICA y se aprobó su Plan de Controles en el mes de septiembre de 2014, ya se han realizado miles de controles.
Con el objetivo de agilizar la actividad de AICA, el Real Decreto determina un plazo de seis meses para la finalización de las actuaciones, que pueden ser prorrogados su concurren circunstancias excepcionales.
Además, la ministra ha comentado que, al ser publicados los procedimientos, se da transparencia e información, para que todos sepan que la Ley se ha publicado para cumplirse. Según ha recalcado, los operadores deben saber que “el incumplimiento de la Ley no saldrá gratis”.
Al mismo tiempo, García Tejerina ha apuntado que este Real Decreto refuerza la cooperación institucional de AICA con otros organismos competentes, bien de las Comunidades Autónomas o de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Corregir los desequilibrois de la cadena
Por otra parte, García Tejerina ha hecho referencia al Real Decreto que desarrolla una parte importante de la Ley de mejora de la cadena Alimentaria, que establece mecanismos adicionales para corregir posibles desequilibrios de la cadena.
En concreto, se establecen disposiciones relativas a las Buenas Prácticas en la contratación alimentaria, al Observatorio de la cadena alimentaria, a los laboratorios agroalimentarios, al control oficial y también modifica aspectos de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias.
En relación con esta norma, García Tejerina ha hecho hincapié en la creación de la figura del mediador, para aquellas circunstancias en que no haya acuerdo en la fijación de los precios.
En definitiva, “se culmina una regulación muy esperada por el sector agroalimentario español que, sin ninguna duda, les va a posicionar mejor en su papel dentro de la cadena y a mejorar su competitividad”, ha reiterado.
Por último, la ministra de Agricultura ha subrayado el valor del conjunto de la cadena alimentaria para la sociedad española, con una importancia especial en la mejora de la balanza comercial, dado el alto valor de sus exportaciones.
Según los últimos datos ofrecidos por la ministra, (año móvil noviembre 2014) las exportaciones agroalimentarias suponen en torno a los 40.000 millones de euros, con un saldo exportador de 10.000 millones de euros, y significan el 17% de las exportaciones españolas.
arcía Tejerina ha recalcado que la importancia de este sector para el país no es sólo económica, sino también social y territorial, “porque la agricultura y la industria de la alimentación están repartidas por todo el territorio español”.