Una ganadera de Baiona (Pontevedra) podría verse obligada a sacrificar las 120 vacas de su explotación por el rechazo de la Comunidad de Montes de Baíña a admitirla bajo el pretexto de que no vive allí.
El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Vigo le ha dado la razón en dos ocasiones a la Comunidad de Montes y condena a Diana Pino, que ha recurrido ante la Audiencia de Pontevedra, a cesar su actividad ganadera.
Diana Pino se constituyó en autónoma agraria en 2001 y en 2005 se mudó y empadronó en el monte donde instaló su explotación ganadera, en la parroquia baionesa de San Cosme.
Ella asegura que reside y además está llevando a cabo su actividad en esta Comunidad de Montes, pero el juzgado lo duda
Afirma que tanto el arquitecto del Ayuntamiento de Baiona como la Comisión de Medio Ambiente dieron el visto bueno a la vivienda y a la explotación ganadera.
Pero cuando solicitó formar parte de la Comunidad de Montes de Baíña, donde asegura que reside y además está llevando a cabo su actividad, ambos requisitos para ser admitida, fue rechazada con el argumento de que ella no vive en esa vivienda y la amenazaron con una demanda si no cesaba su actividad, lo que sucedió finalmente.
Perdió el primer litigio, al que no se personó en tiempo y forma, lo que atribuye a un error del abogado que le asignó el Sindicato Labrego Galego a la hora de presentar los papeles que acreditarían que tiene todo en regla, acompañados con informes favorables del Seprona, la Policía Local y del arquitecto municipal.
En un segundo fallo, el mismo juez considera «insuficiente» la prueba aportada por Diana Pino, tanto los dos testigos que propuso por tener relación de amistad y también profesional, como las periciales: fotografías de la vivienda, un informe policial y el certificado de empadronamiento.
El magistrado considera que no existe «ningún dato que permita entender que la vida diaria» de la ganadera se desarrolla en esta vivienda, de la que destaca su ubicación en un lugar «notoriamente inhóspito: alto del monte, absoluto aislamiento y dificultad de acceso rodado, sobre todo en invierno».
Considera «abrumadores» algunos detalles como la ausencia de acceso asfaltado, suministro eléctrico de red, traída de agua potable o evacuación de residuos, servicio de correos o incluso licencia de primera ocupación.
En declaraciones a Efe, Diana Pino asegura no llegar a comprender la razón por la que la Comunidad de Montes de Baíña no la admite, ya que siempre que toca a su puerta, desde 2008, recibe por respuesta «un no rotundo».
Calcula que cada vaca está valorada en unos 1.500 euros además del daño moral por su pérdida
Diana señala que siete «pasión desde pequeña» por las vacas e incide en lo «difícil» que resulta «encontrar» a una mujer ganadera que ejerza.
«Me gustan las vacas, sé manejarlas, conozco sus crotales, cada una tiene un nombre y una personalidad distinta», proclama esta ganadera que gestiona una explotación de 120 cabezas de ganado, en su mayoría autóctonas, de las aproximadamente 500 que hay en la toda la Sierra de A Groba.
Sobre las dudas respecto a su residencia, asegura que trabaja durante el día en un taller, porque «las vacas no dan para vivir», y que al acabar la jornada regresa a su casa, situada en una finca de una hectárea a la que las vacas acuden a pastar cuando no están repartidas por el monte.
Incide en que, de tener que sacrificar finalmente a su ganado, la pérdida económica sería «muy importante», pues calcula que cada vaca está valorada en unos 1.500 euros, a lo que se añadiría el daño «moral», ya que las vacas, insiste, son su «pasión».
(Fotos: Archivo. Recurso)