Si hace solo unos días desde Italia se ratificaba su decisión de plantear un retraso de la aplicación de la nueva PAC, en España ya están surgiendo algunas voces que plantean no tanto el aplazar la propia PAC sino la aplicación de su Plan Estratégico. Así lo han puesto de manifiesto representantes de ASAJA, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía en la jornada ‘Agribusiness, nuevos retos’, un análisis del presente y el futuro del sector agroalimentario, celebrada en Jerez de la Frontera. Sin embargo, desde UPA Andalucía no se ve tan clara esta postura y prefieren esperar a conocer la redacción final del Plan antes de posicionarse, aunque aseguran que desde Bruselas tienen claro que no habrá ningún retraso.
La jornada, organizada por el despacho de abogados Montero Aramburu y el medio Legal Dealmaker , tuvo su punto álgido en una mesa redonda sobre la PAC, donde todas las organizaciones agrarias, a excepción de UPA, pusieron sobre la mesa el perjuicio que provocará al sector agrario andaluz, con pérdidas de entre «el 20 y el 30% de los ingresos, sea cual sea el tamaño de la explotación».
Para el Secretario Provincial de COAG Cádiz, Miguel Pérez, el principal problema de esta PAC «es que no pueden hacerse tantos cambios en tan poco tiempo, porque una vez que un agricultor se adapta a un modelo se lo vuelven a modificar». Asimismo, criticó que la reforma «cae en los mismos errores de siempre. La PAC debe dirigirse a la agricultura productiva y Bruselas apuesta por incentivar la no productiva. Es un absurdo».
De igual forma, lamentó el «escenario ultraliberal» de la misma y que no intervenga en los mecanismos de mercado, dejando al sector agrario «en manos de terceros países que no cumplen ninguna de las reglas que se nos exige en Europa». Finalmente, defendió las políticas ambientales, «pero éstas tienen un coste que Europa debe sufragar», máxime cuando los costes de producción han subido ya un 50%.
Por su parte, el presidente de Asaja Cádiz y de ALAS, Pedro Gallardo, fue más duro y aseguró que «se trata de una PAC malparida, con un 10% de menos fondos que serán del 20% por culpa de la inflación». Fue muy crítico con los ecoesquemas, «que representarán las dos terceras partes de las pérdidas que vamos a tener en Andalucía» y propuso como alternativa «trasladar fondos del segundo pilar al primero para incrementar la media en España y ser de esta forma más productivos».
También lamentó que «como empresarios necesitamos una PAC con certidumbre y estabilidad, que no nos da esta reforma» y reclamó unos mecanismos de mercado «que se adapten a cada circunstancia, como sucede en Estados Unidos».
SIN CONSENSO SOBRE LA POSIBILIDAD DE RETRASAR LA APLICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
El secretario General UPA Andalucía, Cristóbal Cano, fue la voz más discordante con el clima de crítica a la PAC, al defender «que hacía falta darle una vuelta al reparto de los fondos y se ha hecho». En este sentido, ha defendido lo pagos redistributivos, «porque no era justo que todas las hectáreas cobren lo mismo» y ha instado al ministro Planas » a no ceder en este tema».
Como ejemplo de Andalucía, señaló que de 240.000 perceptores «solo entre 3.000 de ellos se llevan 370 millones, mientras que otros 171.000 solo cobrarán 274. Y esto no es aceptable». Finalmente, se mostró contrario a algunas de las críticas del resto de organizaciones, asegurando que «todavía no se sabe cuánto dinero puede perder Andalucía y quién lo va a perder, por lo que no es lógico asustar a la gente».
Por su parte, Jaime Martínez, Director–Gerente de Cooperativas Andalucía, se posicionó en contra de una PAC «que va a cambiar a unos más que a otros» y acusó al Gobierno de aprobar un Plan Estratégico «diseñado para contentar a algunas CCAA. Y Andalucía no está entre ellas». Por eso fue claro al afirmar que «con este panorama, ya preferimos ni hablar de la PAC y solo le pedimos al Gobierno que no dé agua para poder trabajar».
Por último, tanto desde Asaja, COAG y Cooperativas se defendió la necesidad de retrasar la aplicación e su Plan Estratégico «ante un escenario convulso» por la guerra en Ucrania, algo rechazó UPA, que pedía tiempo para conocer su redacción final y aseguraba que según sus fuentes Bruselas no tiene intención de hacer.