EFE.- El caso que el Supremo resolvió ayer se remonta a 2007, cuando Monsanto, dedicada a la fabricación de productos agrícolas, demandó a un granjero de Indiana (EEUU) al considerar que este había violado su patente sobre las semillas de soja alteradas genéticamente para resistir los herbicidas.
Los compradores de semillas de soja de Monsanto -que están modificadas para hacer frente al herbicida Roundup, que la misma compañía fabrica- deben firmar un contrato por el que se comprometen a no guardar las semillas que resulten de la cosecha, por lo que cada año se ven obligados a adquirir nuevas semillas de Monsanto.
Sin embargo, el granjero Vernon Hugh Bowman, de Indiana y habitual comprador de semillas Monsanto, decidió a principios del año 2000 adquirir soja a otro proveedor habitualmente destinada a alimentar al ganado o reservada para usos industriales.
Con la esperanza de que esa soja proviniese de semillas alteradas por Monsanto dada la elevada presencia de éstas en el mercado, Bowman la plantó y la roció con herbicidas, logrando la supervivencia de la mayoría de las plantas, de las que extrajo semillas para los años siguientes.
En 2007, Monsanto, con sede en San Luis (Misuri), le demandó y logró una indemnización de 85.000 dólares (65.000 euros), aunque el granjero recurrió hasta llegar al Supremo, que ayer ratificó la decisión.
El fallo de ayer sobre la patente de Monsanto sienta un precedente no sólo para el mundo agrícola, sino también para otros sectores en los que hay grandes pugnas sobre las patentes, como el farmacéutico o el tecnológico.