SOS Rural ha denunciado que numerosas organizaciones que se han integrado en este movimiento ciudadano están recibiendo presiones y amenazas para que no acudan a la gran manifestación que se celebrará en Madrid el próximo domingo 14 de mayo en defensa del mundo rural.

Estas organizaciones sectoriales relacionadas con la actividad agrícola, ganadera y la caza han venido informando a los coordinadores de SOS Rural de «llamadas provenientes del Gobierno, el PSOE, Podemos, Gobiernos autonómicos y algunas organizaciones agrarias históricas, ineficaces y sumisas durante décadas, advirtiendo de podrían revisarse ayudas y subvenciones que permiten la existencia de estas organizaciones profesionales. Incluso, se ha llegado a la advertencia personalizada a determinados destacados productores», denuncian.

En respuesta a esta práctica “antidemocrática, ilegal e inmoral”, los miembros de estas organizaciones acudirán “de forma masiva a Madrid ocultando siglas y nombres. Lo mismo está ocurriendo con afiliados de Asaja, que tienen prohibido asistir a la manifestación: irán a Madrid igualmente, pero sin pancartas de su sindicato.

SOS Rural es una plataforma ciudadana apartidista, que no apolítica, nacida el pasado 12 de abril en defensa del mundo rural, su actividad económica, su aportación a la economía nacional y un modo de vida que garantiza a todos los españoles la soberanía alimenticia y la sostenibilidad y cuidado de montes y tierras gracias a la actividad de los millones de personas que no viven en la ciudad. Integran SOS Rural unas 300 organizaciones profesionales sectoriales relacionadas con la agricultura, ganadería, pesca, transporte, caza, cultura y turismo de interior”.

EL DERRIBO DE PRESAS Y LA COMPRA MASIVA DE TIERRAS AGRÍCOLAS PARA INSTALAR FOTOVOLTAICAS, “UN DISPARATE ORQUESTADO POR GRANDES FONDOS”

Entre sus reivindicaciones para la protesta del 14 de mayo, el movimiento ciudadano incluye la exigencia de paralizar el derribo de presas en España, “un disparate que sólo contribuye a agudizar la sequía y a derrochar agua de forma absolutamente incomprensible”. La norma “no es aplicable para un país como España, que sufre históricamente periodos de sequía como el actual o el de 1995”, asegura SOS Rural.

“Lo lógico es hacer justo lo contrario: conservar el agua cuando llueve y configurar un plan hidrológico para que el agua alcance a todo el mundo: garantizar el agua de boca a pueblos y ciudades y agua para las actividades económicas que lo requieran”, añade el movimiento ciudadano.

Al mismo tiempo, SOS Rural exige que se protejan los regadíos por ley para dejarlos al margen de las presiones que los pequeños propietarios están recibiendo de lobbies y fondos buitre para malvender sus tierras e instalar en ellas parques fotovoltaicos. Incluso, en territorios como el Campo de Cartagena, en la Región de Murcia, el Gobierno local obliga a arrancar el regadío en zonas de exclusión con la única alternativa de instalar placas solares. De este modo, el precio de la tierra se ha derrumbado, para satisfacción de los fondos internacionales.