Sorpresa y estupor ante el anuncio de convocatoria de un plan de incorporación de jóvenes agricultores para finales de 2023 en Castilla-La Mancha. Según declaraciones de Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha, «el motivo es que no estamos acostumbrados a ver que se produzca tal evento, frente a regiones homólogas como Castilla y León en la que la convocatoria tiene un carácter anual indiscutible».

En Castilla-La Mancha esta línea de ayudas tiene un carácter esporádico aleatorio y distante en el tiempo. «No se entiende cómo un joven que quiere incorporarse a la agricultura tiene que estar esperando tres o cuatro años para poder hacerlo. Imagínense un autónomo cualquiera que solamente tuviera la oportunidad de iniciar su actividad una vez cada 4 años, pues esto es lo que ocurre con los jóvenes que quieren ser agricultores en Castilla-La Mancha», se lamentan desde la organización.

Sí es cierto que se producirá, por lo que anuncia el consejero de Agricultura regional, una ligera mejora en la parte subvencionada a fondo perdido, ya se pasaría de los 27.000€ de convocatorias anteriores, a 37.000€ en la futura, «algo totalmente insuficiente cuando, en regiones similares cómo es Castilla y León, con circunstancias demográficas o geográficas parecidas, se destinan 90.000 euros por este mismo concepto».

«TODO PRESUPUESTO DEL PDR, QUE SE DETRAE DEL PRIMER PILAR DE LA PAC Y SE DESTINA AL DESARROLLO RURAL, SE DEBE DESTINAR AL SECTOR AGROPECUARIO»

En este sentido, critican que «todo esto es más grave aún, si se considera que Francisco Martínez Arroyo va a devolver 700 millones de euros del dinero de la PPAC para el desarrollo rural (el llamado PDR) del periodo anterior a Bruselas. Sin contar con los 500 millones de euros que ha destinado el consejero desde el PDR a la empresa GEACAM. O la ayuda millonaria a la gran industria».

Por eso defienden que «todo presupuesto del PDR, que se detrae del primer pilar de la PAC y se destina al desarrollo rural, se debe destinar al sector agropecuario».

Por otro lado, lamentan la inexistencia de ayuda para incorporación con ganadería, puesto que no se subvencionan las cabezas de ganado o UGM compradas, hace que sea muy difícil que un joven se incorpore como ganadero. «También es absurdo que se obligue a esos jóvenes que inician la actividad a comprar maquinaria nueva si quieren recibir la ayuda. La inmensa mayoría de las explotaciones, lo que necesitan es un equipo completo de distintos aperos, pero rara vez necesitan que estos sean nuevos. Podría entenderse que la subvención más que destinada a los agricultores y ganaderos se destina a concesionarios y fabricantes de maquinaria, más hoy en día en que los fabricantes de maquinaria se están quejando de la bajada de ventas en un 20%, siendo este el motivo de que no se subvenciona la adquisición de maquinaria o aperos de segunda mano ni tampoco la compra de ganado, con lo cual es fácil deducir que la Consejería pretende que el dinero acabe en  manos de la industria, dándole preferencia por encima de la prioridad que se debe a los jóvenes que se incorporan, facilitándolos el  inicio de actividad y el lanzamiento de la explotación», señalan.

Unión de Castilla-La Mancha también presenta la queja por la tardanza en la certificación y pago del dinero debido a los jóvenes incorporados, puede llegar a un retraso en ocasiones, de hasta 4 años, siendo muy normal retrasos de 2 y 3 años en el cobro de la ayuda.

Este sindicato entiende que la convocatoria debería haberse realizado en 2022, «aprovechando así parte del dinero que se ha de devolver a Bruselas, aún cuando así siguieran sobrando varios cientos de millones que no serán de provecho para la región. Todo esto deja patente una vez más la incompetencia e ineptitud de Francisco Martínez para el cargo que ostenta».

Es por todo esto que la Unión de Campesinos de Castilla-La Mancha pide una convocatoria anual de la incorporación, que el ganado entre en la ayuda, se suba a 90.000€ la ayuda a fondo perdido y se contemple la adquisición de maquinaria y material de segunda mano, junto con la inmediatez en el pago y la creación de créditos blandos que sirvan de puente entre el momento de la inversión y el de cobro de la ayuda