EFE.- El sindicato ha protagonizado un acto de protesta en el municipio de O Pino, junto a una plantación que no respeta las distancias que obligan a dicha separación mínima.
La finca que se visitó como ejemplo de este problema es una plantación de maíz de 3,62 hectáreas en la que en el año 2009 se hizo una plantación de eucaliptos a escasos centímetros del marco que separan las propiedades.
Esa finca fue arrendada al Banco de Tierras de Galicia (Bantegal) por Xosé Manuel Calvo Rei y Lourdes Varela Fosado, que regentan una explotación lechera en el municipio de Oroso, y que denunciaron la plantación ilegal ante la Consellería de Medio Rural el 3 de julio de 2009.
Dos años después, la administración no respondió ni emprendió, afirma el sindicato en un comunicado de prensa, ningún tipo de acción, y ello pese a que la plantación de eucaliptos denunciada "viola flagrantemente el decreto 81/1989, que obliga a mantener una franja sin plantar de 6 metros contados a partir de las extremas de la finca agraria".
Afirma también el sindicato que dentro de unos años, si Medio Rural no toma cartas en el asunto los eucaliptos serán tan grandes que la sombra que proyectan y la extensión de sus raíces harán casi imposible los cultivos agrarios en la finca que trabajan Xosé Manuel y Lourdes.
La secretaria general del Sindicato Labrego, Carme Freire, explicó que "esta no es una guerra puntual entre gente propietaria de plantaciones forestales y las que regentan explotaciones agroganaderas, se trata de un problema estructural de ordenación del territorio".
"De la misma forma que se ordena un espacio urbano y sabemos que no se puede construir un edificio en cualquier terreno, también hay leyes que dicen que no se puede hacer una plantación forestal en cualquier tierra", afirmó.
Carme Freire reveló que el SLG asesoró y apoyó la tramitación de más de cien denuncias sólo en las provincias de Lugo y de A Coruña, en estos casos tuvieron que ver con plantaciones forestales que no respetaron las franjas de terreno limpio a que obliga a ley que es un mínimo de seis metros, que aumenta a diez si se trata de suelo de especial protección agropecuaria.
"Todas las denuncias tuvieron la misma respuesta por parte de la Consellería de Medio Rural: silencio y pasividad totales", concluyó.