La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha reclamado al Ministerio de Industria que introduzca un cambio legislativo que permitiría a los agricultores pagar la energía eléctrica que usan para el riego de sus explotaciones de manera mucho más ajustada a la realidad de su consumo efectivo, puesto que el actual sistema tarifario que aplican las compañías eléctricas no responde al gasto real de electricidad y genera un sobrecoste anual de, al menos, 9,2 millones de euros al regadío valenciano, de acuerdo con las conclusiones de un estudio elaborado por los servicios técnicos de esta organización agraria.
Efectivamente, desde que en 2008 la Unión Europea (UE) obligó a España a suprimir las tarifas especiales que estaban vigentes para la energía eléctrica empleada en la extracción de agua subterránea con fines agrícolas, las empresas del sector, junto a los sucesivos gobiernos, fueron configurando un procedimiento de pago que a la larga se ha revelado «tremendamente negativo para los intereses de los agricultores porque no está adaptado a las necesidades de las zonas de regadío y, en última instancia, obliga a los productores a pagar por una potencia eléctrica que no están consumiendo en realidad», señala la organización agraria.
Un sobrecoste anual que se sitúa en torno a los 9,2 millones euros y que podría ser aún mayor
La clave de este desajuste que perjudica a los regantes y favorece a las compañías eléctricas, «con el beneplácito y la connivencia de los gobiernos de turno», se encuentra en que el referido sistema tarifario únicamente permite a los agricultores -tanto particulares como agrupados en entidades de riego- solicitar un único cambio de potencia anual. La potencia se regula en tres modalidades contractuales distintas –punta, llano y valle- que varían de precio en función de la intensidad de la misma y la legislación vigente, al obligar a los regantes a calcular con antelación la potencia eléctrica que quieren contratar a lo largo de todo un año sin posibilidad de rectificar sus estimaciones basándose en la evolución del clima y las cosechas, les empuja a incurrir en sobrecostes.
AVA-ASAJA estima que el sobrecoste anual que afronta el regadío valenciano se sitúa en torno a los 9,2 millones euros. Los servicios técnicos de esta entidad agraria subrayan, además, que se trata de una evaluación sumamente conservadora, puesto que a la hora de establecerla sólo se han tenido en cuenta las alrededor de 153.000 hectáreas que usan aguas subterráneas, y por tanto energía eléctrica, de una superficie total de regadío en la Comunitat Valenciana próxima a las 300.000 hectáreas.
No se puede perder de vista, sin embargo, que en buena parte de las 150.000 hectáreas que emplean aguas superficiales se ven obligados a recurrir también a la electricidad para rebombear el agua de una zona a otra, de manera que si se hubiese incluido esa variable en el informe el sobrecoste, calculado a partir de una media de 60 euros por hectárea, sería aún mayor.
La propuesta legislativa que AVA-ASAJA lanza al Ministerio de Industria para acabar con esta situación claramente abusiva por parte de las compañías eléctricas resulta tan sencilla como eficaz y consiste, simplemente, en autorizar a los agricultores a solicitar dos cambios de potencia al año, en lugar de ese único cambio que está permitido en la actualidad. Así, los regantes, siempre a la vista del desarrollo del clima y los cultivos, podrían determinar con mucha mayor precisión cuáles son sus necesidades reales de potencia eléctrica para efectuar los riesgos y contratarla en virtud de ese análisis más ajustado.
“Lo que pedimos es lógico, justo y razonable”, asegura el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado. “La agricultura –explica- está sometida a una casuística muy diversa y lo normal sería que se nos proporcionasen las herramientas necesarias en materia energética para poder adaptarnos a las circunstancias que se vayan presentando. No queremos pagar menos, pero tampoco más de lo que necesitamos ni consumimos y la autorización de dos cambios de potencia al año nos facilitaría las cosas y contribuiría a aliviar la situación de un sector descapitalizado y en crisis. Confío en que el Gobierno y las eléctricas se muestren sensibles y receptivos ante nuestra demanda”.