Los representantes han denunciado que las reuniones, visitas, encuentros, documentos, la participación en mociones e incluso las Proposiciones No de Ley, solo han servido para evidenciar la mala gestión y la desidia. Lo han intentado todo hasta la extenuación.
Incluso, recuerdan, "ante la desesperación", siete mujeres agricultoras de La Aldea arriesgaron su salud por lograr algún acuerdo que les permitiera seguir manteniendo a sus familias.
Impagos y la imposibilidad de que estén en igualdad de condiciones
Además de los impagos, la Plataforma ha acusado a la administración central de impedir a los agricultores canarios estar en igualdad de condiciones que los agricultores peninsulares. Incumpliendo de manera reiterada el mandato constitucional de atender el hecho insular, recogido en el artículo 138 de la Constitución Española.
Entre las demandas de la nueva Plataforma concretan un aumento de la ficha financiera del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía e Insularidad (POSEI), un nuevo reparto de estas ayudas en la línea defendida por la comisión de Agricultura, y un estudio de impacto económico y compensación, con carácter retroactivo, de los perjuicios que han supuesto a Canarias los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y terceros países.
Así mismo, reivindican las partidas de compensación al transporte acordado y publicado en el Real Decreto 170/2009 y la ampliación al 70%, recogida en otro posterior de 2011, así como el "estricto" cumplimiento de la financiación adicional en tiempo y forma.
También demandan que el Programa de Desarrollo Rural de Canarias consigne mayor cuantía para la modernización de las explotaciones y la incorporación de jóvenes agricultores.
Reclaman soluciones estructurales
La revisión de las ayudas del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) para que se corrija el sobrepago existente para algunos productos y que se reagrupen en una sola las líneas de ayudas a las producciones locales del POSEI y se liguen al mantenimiento y creación de empleo y la productividad, son otras de sus demandas.
Los representantes de la Plataforma insisten en que el sector necesita de soluciones estructurales como su problema y no coyunturales. Así, consideran que el alto grado de empleabilidad del cultivo del tomate, muy superior a cualquier otro, no se ha tenido en cuenta a la hora de repartir las ayudas europeas.
Con todo, la Plataforma ha dado un plazo de 15 días a los Gobiernos central y canario para que atiendan las reivindicaciones del sector, con el fin de hacer frente a la próxima zafra.
Y han advertido que, si en el plazo señalado no tienen respuesta con garantías a sus demandas, iniciarán una serie de acciones y movilizaciones para “salvar” este sector, que emplea de forma directa e indirecta a unas 20.000 personas en las islas.