El pulso por establecer un precio mínimo en función del costes en las producciones agrícolas y ganaderas, eje de las movilizaciones del sector, sigue más que activo y cada organización parece defender sus intereses sin buscar por el medio una solución consensuada. Las últimas en sumarse a este pulso en el camo han sido la Interprofesional Hortiespaña y Fepex, para dejar claro que está en contra de esta medida.
En el XI Pleno del Observatorio de los Alimentos, FEPEX planteó que una política de precios mínimos vinculada al coste efectivo de producción a través de los contratos de compra y de venta, en un contexto de libertad de producción y de comercio de importación liberalizado, «va a provocar una gran conflictividad en la aplicación de la Ley, cuando el mercado no admita producción comerciable al coste efectivo de producción sin que existan medidas de intervención en el mercado».
En la reunión, presidida por el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, Fepex dejó claro que, en su opinión, algunos de las propuesta suponen un trato discriminatorio para determinadas organizaciones de productores y no aborda el tratamiento de las crisis de mercado mientras haya que respetar el coste efectivo de producción, en un contexto de libertad de producción e importación. El Gobierno tiene previsto remitir a las Cortes el proyecto de modificación en el mes de septiembre, estando actualmente en fase de observaciones y alegaciones.
HORTIESPAÑA RECONOCE QUE NO HAY CONSENSO EN SU SENO PERO QUE LA MAYORIA NO QUIERE ESTA PROPUESTA
Por su parte, desde la Interprofesional Española de Frutas y Hortalizas (Hortiespaña) SE ha reclamado más información sobre la Ley de Cadena Alimentaria y solicitará una reunión con la directora de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), Gema Hernández Maroñas, para «ahondar» en dicha normativa.
«Partiendo de la base de que Hortiespaña como Interprofesional es una herramienta vertebradora del sector hortofrutícola y que vela por el buen funcionamiento de la cadena de valor, es positivo abordar este asunto de gran complejidad para nuestra agricultura, logrando el máximo consenso posible», ha manifestado el presidente de la Interprofesional, Francisco Góngora, que valora la «buena voluntad de la ley» en su objetivo de «remunerar de forma equilibrada a los agricultores, mejorando las relaciones comerciales entre los actores de la cadena de valor agrícola y alimentario».
Sin embargo se reconoce el pulso que se mantiene sobre la propuesta, aunque gran parte de las organizaciones miembros de la Interprofesional (con la salvedad de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos) han manifestado que esta «reforma bienintencionada de la Ley de la Cadena Alimentaria va en contra de la eficacia y competitividad del sector hortofrutícola y genera importantes dudas en su aplicación en muchos aspectos».
La mayoría de las organizaciones integrantes de esta Interprofesional considera que esta modificación «no es la solución» a los problemas de rentabilidad del sector hortofrutícola español bajo invernadero y conlleva «más perjuicios que beneficios».