ARAG-ASAJA está recibiendo de viticultores riojanos informaciones sobre posibles graves incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria por parte de determinadas bodegas pertenecientes en la Denominación de Origen Calificada Rioja (DOCA) que podrían estar fijando precios ruinosos para esta campaña de recogida de uva. Por eso, la organización agraria ha exigido ya una reunión urgente con la Consejería de Agricultura y Ganadería, así como con la Junta Directiva de OIPVR para que se investiguen estas posibles prácticas y se tomen medidas oportunas.
ARAG-ASAJA recuerda que La Ley de la Cadena prohíbe expresamente la compra de productos agrarios por debajo del coste de producción y que el último estudio de costes de producción medios de uva y vino a granel, elaborado por la Consejería de Agricultura en 2022, establece el coste de producción de uva tinta entre 0,69 y 0,71 céntimos por kilo para cultivo en vaso y espaldera.
Ante estas informaciones tan preocupantes, la organización agraria ha pedido una reunión con carácter de urgencia tanto con la Consejería de Agricultura y Ganadería así como con la Junta Directiva de la Organización Internacional del Vino de Rioja con el fin de que se investiguen estas posibles prácticas de estar fijando precios ruinosos y se tomen las medidas oportunas contra estos operadores y sus incumplimientos.
La organización agraria más importante de La Rioja reitera su compromiso con los viticultores riojanos por lo que denunciará cualquier tipo de incumplimientos en defensa de sus intereses.
Esta situación de enfado por los precios se repite por toda España. Hace unos días, la Alianza UPA-COAG dirigió un escrito a la AICA para denunciar el presunto incumplimiento que algunas bodegas de la Denominación de Origen Toro hacen de la Ley de la Cadena Alimentaria, ya que, «obviando el incuestionable incremento de los costes experimentado por los productores, les están ofertando precios muy inferiores a los de la pasada campaña, que dependiendo del tipo de uva, pueden suponer una bajada de hasta el 33 por ciento del precio percibido en 2022». Además, advirtieron de que actuaciones similares pueden extenderse a otras zonas vitivinícolas de esta Comunidad.