Cada vez que hay un incendio forestal lo primero que se mira es a la agricultura y la ganadería, pero curiosamente nunca a la Administración. Se busca al que prendió la mecha, no a quien creo o propició que hubiera dicha mecha. Se pone el acento en si ha habido una chispa de una cosechadora, un interés ganadero, pero no en que los montes que arden son auténticas antorchas permanentes porque nadie se ocupa de limpiarlos.

Es cierto que detrás de muchos incendios forestales puede haber intereses agrícolas o ganaderos, pero no más que inmobiliarios o los enfermizos que llevan a los pirómanos a encender los fuegos. Y es cierto que puede haber accidentes relacionados con la agricultura en el origen de muchos incendios, pero tantos como errores de conductores que fuman y tiran colillas, de excursionistas o de personas normales que no mantienen unas normas mínimas de precaución.

Pero lo que sí está claro, sea quien sea el autor de las llamas, es que si las Administraciones se tomaran en serio los montes, sus efectos serían mucho menores. Los montes, sean públicos o privados, se deben cuidar y la Administración tiene la obligación de hacerlo tanto cuando son suyos como obligando a hacerlo en los privados.

Cuando arden miles de hectáreas de monte habrá responsabilidades que se deberán dilucidar de inmediato, afecten a un agricultor, a un pirómano o al responsable de un descuido, pero ¿cuándo se exigen responsabilidades a la Administración?. ¿Cuándo un político ha entrado en la cárcel por no cumplir con su obligación de mantener limpios los montes o incluso de tomar decisiones como prohibir la platanción de determinados árboles que sólo propician que en caso de incendio éste se propague más rápidamente?.

Que hay agricultores o ganaderos culpables de incendios, que paguen. Pero cuándo van a pagar los políticos sus errores por falta de responsabilidad en su gestión.