El sector remolachero de Castilla y León ha convocado una concentración ante la Consejería de Agricultura el próximo 31 de enero para exigir que se le abone la ayuda de tres euros por tonelada de remolacha recogida que se les había prometido para la campaña de 2011.
Según ha dicho el responsable del sector remolachero de la Unión de Campesiones UCCL, Juan Antonio Rodríguez, la Consejería se había comprometido en 2008 con las industrias a prestar esa ayuda a los agricultores durante cuatro campañas (2011-2014).
A esta protesta también se suma la tardanza en la constitución de la mesa del azúcar, creación a la que la consejera se había comprometido en el plazo de una semana hace ya más de un mes, ha afirmado Rodríguez.
el sector remoalchero Amenaza con iniciar un proceso contencioso-administrativo si no hay una espuesta y se paga a todos los remolacheros
Tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de febrero de 2015 por la que se le daba la razón a la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) se ha pagado la ayuda a 97 remolacheros afectados y por ese motivo, Rodríguez ha aseverado que existe una obligación de pagarles a todos.
Según Rodríguez, el importe correspondiente de esa ayuda acordada para la campaña de 2011 que los agricultores reclaman a la Consejería de Agricultura asciende a un total de diez millones de euros.
En un año en el que está habiendo muchísimos problemas (como los que ocasionan la sequía y los topillos, entre otros) nadie ha cumplido con los remolacheros, y de ahí la incertidumbre en el sector, ha sentenciado.
Por otra parte, el coordinador de la Unión de Campesinos de Castilla y León, Ignacio Arias, ha recordado que son 600 los remolacheros que han reclamado el abono de esa ayuda ante la justicia, pero que la Junta de Castilla y León tiene la obligación de pagar a los 5.300 que componen la totalidad de afectados.
También ha explicado que la movilización del sector remolachero prevista para el próximo 31 de enero surge a raíz de la imposibilidad de ponerse en contacto con la consejera y que, si esa vía no funciona, iniciarán un proceso contencioso-administrativo.