La Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera va a reforzar las inspecciones a las explotaciones intensivas de porcino de la comunidad. Así lo ha asegurado el titular de este departamento de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Manuel Gómez, quien ha subrayado que todas las explotaciones intensivas de Andalucía tienen que cumplir con los distintos requisitos establecidos por la normativa, tanto a los que se refieren a la bioseguridad, higiene, sanidad y bienestar como a criterios ambientales.
En este sentido, Gómez ha explicado que estos requisitos son «muy claros» y desde la Administración autonómica se llevan a cabo campañas planificadas de inspecciones para velar por que se cumplan estas exigencias marcadas por la propia normativa. «Vamos a intensificar nuestra labor inspectora», ha remarcado, antes de hacer hincapié en que actualmente hay herramientas para «minimizar el impacto» de estos complejos.
De hecho, del resultado de los controles oficiales realizados en los últimos tres años en las inspecciones en las explotaciones intensivas de porcino localizadas en el municipio de Castilléjar (Granada), donde supuestamente se han grabado las imágenes difundidas por Greenpeace, se puede concluir que no se han detectado incumplimientos de gravedad. «Las explotaciones de porcino intensivas que actualmente están funcionando en Andalucía han sido autorizadas en base al cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa nacional de ordenación zootécnica, sanitaria y el bienestar animal del porcino intensivo», ha detallado el director general.
A este respecto, Manuel Gómez ha puesto el acento en que el nuevo Real Decreto de 2020 fija nuevos requisitos a nivel nacional para estas instalaciones «con un mayor nivel de exigencia». Además, establece un calendario de entrada en vigor de los nuevos requisitos para las que ya estuviesen autorizadas. «Nuestros planes de control ya recogen estas nuevas exigencias y, además, estamos procediendo a una revisión de las autorizaciones ambientales integradas para vigilar que las explotaciones que cuentan con ellas están cumpliendo con el objetivo de reducir su impacto ambiental», ha concluido.