Las organizaciones agrarias han valorado positivamente que la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) haya publicado por primera vez un listado no solo las sanciones sino los nombres de las empresas que han sido multadas por incumplimientos de las normas de esta ley del primer trimestre de 2023.

Desde UPA se ha valorado positivamente la publicación del listado de sanciones firmes en vía administrativa y/o judicial en virtud de la Ley de la Cadena Alimentaria. La organización ha calificado de un “hito” la publicación de este listado. “Es una reivindicación por la que llevamos más de una década luchando, desde antes de la aprobación, en 2013, de la Ley de la Cadena”, aseguran desde la organización. Los agricultores y ganaderos consideran que la publicidad de las sanciones es un elemento fundamental para que la Ley funcione.

“Los consumidores y la sociedad deben conocer, con nombre y apellidos, quién está haciendo malas prácticas comerciales que perjudican a los agricultores y ganaderos”, señala UPA.

“La industria y la distribución saben ahora que cometer abusos tiene sanción y además ahora también supondrá un coste en la reputación de esas empresas y personas”. Además son sanciones con penas mayores en caso de reincidencia, por lo que desde UPA esperan que las prácticas comerciales “vayan desapareciendo”.

Para UPA, estas multas ponen de relieve la dificultad que tienen los agricultores y ganaderos a la hora de negociar el precio de lo que producen. En ese sentido, reclaman a la Administración más información y transparencia de la cadena alimentaria. “Sólo sabiendo el coste de producción medio de los distintos eslabones, seremos capaces de detectar si se está produciendo un abuso por alguna de las partes”, concluyen.

“LAS SANCIONES EVIDENCIAN QUE SIN LA LEY DE CADENA ALIMENTARIA VOLVERÍAMOS A LA LEY DE LA SELVA”

Por su parte, COAG ha mostrado su satisfacción por la publicación del primer listado de empresas sancionadas por incumplir la Ley de Cadena Alimentaria. “Las sanciones evidencian que sin Ley de Cadena Alimentaria volveríamos a la ley de la selva porque la cadena no se regula con buenas voluntades y la publicación de las mismas es un paso adelante en la aplicación de la ley, que confiamos en que redunde en la mejora de las relaciones en la cadena y en la protección del sector primario frente a los abusos que practican nuestros compradores», ha declarado Andoni García, miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG.

“Si bien hay grandes dificultades en la aplicación, porque hay muchas resistencias a cambiar formas tradicionales de funcionamiento muy perjudiciales para las personas productoras, como por ejemplo el modo en el que se construye el precio en la cadena, comprobamos cómo esta ley es necesaria para avanzar en la regulación de la cadena y favorecer que los agricultores y ganaderas percibamos un precio digno por nuestro trabajo”.

COAG considera además que hacer públicas las sanciones firmes es un elemento clave para que las personas puedan tomar decisiones informadas en sus compras. “Con esta medida, cuando alguien vaya a adquirir un producto puede valorar, con una información pública concreta y clara, qué operadores están llevando a cabo prácticas abusivas en perjuicio de otros agentes de la cadena de valor, dilatando los plazos de pago, evitando tener relaciones transparentes y justas con sus proveedores y, en definitiva, dañando la rentabilidad y sostenibilidad de los escalones más débiles de la cadena”, ha señalado Andoni García, responsable de Mercados Agrarios de COAG.