La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha valorado que el Gobierno haya establecido la obligación a los compradores del registro digital de los contratos porque permite a la administración mejorar la vigilancia de las transacciones y proteger a los productores.

La medida responde a una reivindicación del sector agrario y supone «un paso adelante en la dirección que debe seguir el Gobierno para hacer cumplir de una vez por todas la Ley de la Cadena Alimentaria y, por tanto, prohibir la venta a pérdidas», ha asegurado AVA en un comunicado.

El Real Decreto 1028/2022 regula el registro digital de los contratos alimentarios formalizados con productores primarios y las agrupaciones de estos antes de la entrega del producto objeto del contrato. La inscripción será voluntaria a partir del 31 de enero de 2023 y tendrá carácter obligatorio a partir del 30 de junio de 2023.

Los compradores ya pueden darse de alta en el registro, a través de la página web de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), como paso previo a la inscripción de los contratos.

En cuanto a las entidades que venden las cosechas de sus socios, la directora de la AICA, Gema Hernández, aseguró durante una jornada de AVA-ASAJA en Valencia que la legislación también les comporta una serie de obligaciones, como definir las referencias que se emplearán para establecer el precio de las producciones de sus socios y garantizar la cobertura de los costes de producción cuando el producto sale de la puerta del almacén.

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, defiende que un país desarrollado y miembro de la Unión Europea como es España debe asumir las políticas del siglo XXI a favor de la transparencia, la trazabilidad y la profesionalidad en las relaciones comerciales.

«Creemos que, siempre guardando la confidencialidad, la Administración ha de disponer de las garantías legales necesarias a fin de comprobar con total claridad, exactitud y agilidad las transacciones en el primer eslabón de la cadena, que es donde se producen la mayor parte de los abusos comerciales debido a la debilidad del productor», ha afirmado.

A su juicio, la Administración tiene motivos «más que suficientes para actuar: si la población agraria bate récords de envejecimiento, si no hay incorporación de jóvenes y si crece la mancha marrón de los campos abandonados es principalmente por la falta de un precio justo».

Por eso confía en que el Gobierno seguirá adoptando más medidas dirigidas a reequilibrar la cadena alimentaria y garantizar la sostenibilidad económica de las explotaciones agropecuarias.