En opinión de ASAJA, el acuerdo alcanzado ayer por el Consejo aleja a España de quedar aislada en las negociaciones del Trílogo en aspectos que le atañen especialmente, como son las hectáreas elegibles a los pagos PAC o el paso de un sistema basado en criterios históricos a un pago regionalizado como consecuencia de la aplicación a nivel interno del principio de convergencia. Ambos aspectos constituyen las principales preocupaciones del sector agrario español, tal y como ASAJA ha puesto de manifiesto desde el comienzo del proceso de reforma de la PAC en 2010 hasta hoy.
Se trata, en palabras de Pedro Barato, presidente de ASAJA “de evitar situaciones injustas como autorizar el acceso a los pagos de la PAC de un número excesivo de hectáreas o de provocar agravios comparativos entre explotaciones, producciones y territorios, que solo podían deslegitimar la finalidad de estos pagos”. En este sentido “el acuerdo del Consejo, junto con el mandato otorgado por el PE, sitúa a España en mejores condiciones de negociación de lo que estábamos hace apenas un par de semanas”.
En opinión de esta organización agraria, el Consejo también aporta mejoras a las propuestas de la Comisión en materia del “pago verde” impuesto por el Marco Financiero Plurianual 2014-2020, permitiendo medidas de efecto equivalente a las propuestas por la Comisión, racionalizando su aplicación a nivel de explotación individual, y dando entrada a producciones mediterráneas como “verdes por definición”, es decir, que no tienen que realizar prácticas de greening.
También se introducen mejoras en el capítulo de desarrollo rural, permitiendo un enfoque nacional compatible con los programas regionales de desarrollo rural, salvaguardando el sistema español de seguros agrarios o mejorando las condiciones de financiación a las inversiones en regadío.
No obstante, y a pesar del moderado optimismo sobre el resultado del Consejo, ASAJA advierte que quedan todavía algunos temas de importancia para nuestro país que deben ser mejorados en el Trílogo de cara a un acuerdo final antes del verano. Entre ellos, la consolidación de la prórroga del régimen de azúcar hasta 2020, el mantenimiento de la cuota lechera, los productos que podrán acogerse a ayudas asociadas, la actualización de los precios de referencia desencadenantes de los mecanismos de intervención públicos y privados o la máxima flexibilidad en la aplicación del “greening” y su adaptación a la realidad productiva española.
Como siempre ha hecho y muy especialmente desde el principio del proceso de reforma de la PAC, ASAJA ha mostrado "su disposición a colaborar con nuestras administraciones y con las instituciones europeas para lograr el mejor acuerdo posible en aras al futuro, la viabilidad y sostenibilidad de nuestras explotaciones agrarias".
A UPA no le suena "del todo mal"
Por su parte, la organización agraria UPA, que la semana pasada valoró la posición del Parlamento Europeo, ha manifestado que el acuerdo alcanzado ayer por el Consejo “no es malo”, pero que aún queda “mucho trabajo por hacer y mucho por decidir” en las negociaciones del “trílogo”.
“El texto que ha salido de Bruselas, como el que salió del Parlamento en Estrasburgo, no nos suena del todo mal”, han explicado, “aunque en las negociaciones –que podrían culminarse en julio- hay todavía opciones para introducir las modificaciones que necesita el campo español”.
UPA ha destacado como uno de los puntos más importantes que marcarán la aplicación de la futura PAC “el triángulo formado por la definición del agricultor en activo, las hectáreas admisibles y la actividad mínima”, estableciendo además un techo de ayudas que permita que la PAC se destine “a los verdaderos profesionales del campo y no a los agricultores de sofá”.
En relación con los pagos directos, el Consejo ha propuesto limitar la superficie potencialmente elegible a la declarada en 2011, lo que evitaría la ampliación desmesurada de hectáreas que propuso la Comisión Europea y que reduciría el pago por hectárea de forma preocupante.
También UPA ha resaltado que será vital el trabajo que realice cada Estado Miembro en la definición de sus regiones productivas, pues determinarán de forma importante el importe final de la ayuda. Aunque habrá que esperar al desarrollo de las negociaciones del “trílogo”, parece claro que la nueva PAC dará discrecionalidad a los Estados para concretar numerosos aspectos de la legislación.
Por lo que respecta a las ayudas asociadas (vinculadas a la producción), y frente a la oposición de algunos países, los ministros han acordado incrementar del 10% al 12% el porcentaje que los países pueden conceder directamente sin solicitar permiso de la Comisión Europea a sectores concretos como la ganadería. UPA ha manifestado su preocupación por que el Consejo no haya incrementado la lista de sectores que pueden recibir ayudas acopladas, lo que haría peligrar las ayudas al tabaco.
En cuanto a las políticas de greening, que primarán determinadas prácticas de agricultura sostenible, el Consejo apuesta por flexibilizar las condiciones que permitirán su cumplimiento. En concreto se considerará a los cultivos permanentes con menos de 250 árboles por hectárea (que suponen el 71% en olivar y el 60% en frutos secos en España) como superficies “de interés ecológico” a las que no se exigirán más requisitos “verdes”.
UPA ha advertido también al Ministerio de Agricultura español que tendrá un “importante trabajo” para establecer una regionalización lo más amplia posible –introduciendo criterios productivos-, para que la diversidad agrícola y ganadera de España se vea reflejada correctamente en la PAC, para de ese modo limitar el impacto negativo que podría tener la convergencia de ayudas.
Igualmente, el nuevo acuerdo deja margen a incrementar el valor de los derechos para las primeras hectáreas a petición de Francia, matiz que para España debe ser en opinión de UPA “irrenunciable”, pues supondría una solución para las explotaciones con poca tierra, como es el caso de muchas explotaciones ganaderas en España.
Los ministros de Agricultura han acordado una lista en negativo de perceptores “prohibidos”, de este modo, aeropuertos e inmobiliarias dejarían de recibir fondos. Sin embargo UPA ha criticado que la definición del agricultor en activo sigue siendo pobre, lo que provoca uno de los principales problemas de España: el enorme número de perceptores que no se tienen actividad productiva.
Una de las principales críticas de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos al acuerdo alcanzado ayer es que pasa “muy por encima” de las denominadas medidas de gestión de mercado, de vital importancia de los agricultores y ganaderos españoles. UPA ha exigido que se actualicen los precios de referencia para el almacenamiento privado y la intervención pública, teniendo en cuenta los costes de producción.
Del mismo modo, UPA considera muy necesario instaurar excepciones a las normas de competencia en el sector agrario.
Para UPA, la gran olvidada de la reforma de la PAC sigue siendo la ganadería intensiva sin tierra asociada. La organización ha criticado que “parece que han vuelto a olvidarse de la modelo productivo mayoritario en la ganadería en España”, que es la explotación sin demasiada tierra asociada y que en la reforma podría perder las ayudas que percibe.
En lo que respecta al desarrollo rural, el acuerdo del Consejo propone algunas medidas que UPA considera positivas, como que el nuevo reglamento permita a los Estados miembros elaborar un programa de desarrollo rural de carácter nacional, compatible con programas regionales, lo que permitirá financiar medidas con valor añadido de carácter suprautonómico, como la cooperación, la innovación, la formación, los programas de lucha contra plagas y enfermedades…
También es positivo que se reduzca al 10% el ahorro mínimo de agua necesario para obtener ayudas en planes de mejora del regadío (en lugar del 25% establecido inicialmente por la Comisión).
UPA ha rechazado la postura de los ministros de Agricultura en relación con los derechos de plantación de viñedo, que se oponen al Parlamento Europeo en su mantenimiento hasta 2030. El Consejo apoya que se mantengan sólo hasta 2018, ampliando progresivamente –un 1% anual- la superficie de viñedo en Europa desde 2019 a 2024. En cuanto a las cuotas azucareras, el Consejo Europeo defiende su prórroga sólo hasta 2017, mientras que UPA ha reclamado que se mantengan hasta 2020.