La indemnización de retirada de frutas y hortalizas aprobada por la Unión Europea tras el Consejo de Ministros de Agricultura comunitario del pasado 18 de julio se calcula como un porcentaje del precio a salida, que actualmente está en el 30% del precio para las retiradas con destino a la distribución gratuita y en el 20% para otros destinos. De esta forma, la propuesta aumenta estos porcentajes al 40% y 30% respectivamente. En el caso de los productos cuyas indemnizaciones se fijan por reglamento comunitario, la subida media está en torno al 30% sobre los importes actuales.
Ante estos datos, COAG se ha felicitado por el incremento de las indemnizaciones, de las que fueron informados durante la reunión informativa celebrada el miércoles en el Ministerio de Agricultura.
Según destaca Fepex, en el caso de los precios de las retirada con destino a la distribución gratuita y comparando la propuesta final de la Comisión con su anterior propuesta del mes de junio, cabe destacar el incremento de la cuantía de albaricoque, que pasa de 40,58 euros los 100 kilos a 64,18 euros/100 kilos, de nectarina, que pasa de 26,90 euros/100kilos a 37,82 euros/100 kilos, melocotón, que se incrementa de 26,90 euros/100 kilos a 37,82 euros/100 kilos, la uva que pasa de 39,16 euros/100 kilos a 53,52 y la pera de 23,85 euros/100 kilos a 33,96.
En el caso del tomate, el precio de retirada para el tomate de verano, del 1 de junio al 31 de octubre, no se modifica, manteniéndose en 7,25 euros/100 kilos, pero si se incrementa el precio de retirada del tomate de invierno, el que se produce entre el 1 de noviembre y el 31 de mayo, pasando de 27,45 euros los cien kilos a 33,96.
coag pide que no se espere a 2017 para aplicar las medidas sino que sean en octubre de este año
Tal y como informó el Ministerio, los nuevos importes comenzarán a ser aplicables en el momento de entrada en vigor de dicho reglamento, previsto para el primer trimestre de 2017. Sin embargo, desde COAG ya se ha trasladado al MAGRAMA que sería necesario que la entrada en vigor se adelantara a octubre de 2016 para coincidir con el inicio de la campaña de otoño.
Asimismo, COAG ha instado a las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) a utilizar los mecanismos de gestión de crisis contemplados en la OCM de frutas y hortalizas, tales como la retirada de producto y la no cosecha o cosecha en verde.
“De nada sirve que se aumenten los precios de retirada si las OPFH no hacen uso de las mismas. Si el mecanismo de gestión de crisis se usa de forma desordenada o no se usa, tal y como ha sucedido hasta el momento, no causa el efecto que debería: reducir puntualmente el volumen de comercialización para que los precios se sitúen en niveles de rentabilidad. Para ello, es necesario fomentar la actuación coordinada a través de las AOP (asociaciones de OPFH)”, ha subrayado Andrés Góngora, responsable del sector de frutas y hortalizas de COAG. Esta organización agraria recuerda que las OPFH pueden disponer de hasta un tercio de sus fondos operativos para aplicar esta herramienta.
Asimismo, ha reclamado que se aumenten los cupos asignados en el Reglamento Delegado (UE) nº 2016/921 de la Comisión de 10 de junio de 2016 que establece, con carácter temporal, nuevas medidas excepcionales de ayuda a los productores de determinadas frutas y hortalizas por el veto ruso.
Preocupación porque en el caso de melocotón y nectarina, productos en plena campaña, los cupos se han agotado ya
Desde COAG se ha criticado la reducción de los volúmenes de retirada asignados para España respecto al año pasado. En el caso de melocotón y nectarina, productos en plena campaña, los cupos se han agotado ya. “Los productores de fruta están preocupados, sobre todo los melocotón rojo y nectarina de carne amarilla con precios a la baja. La retirada del producto del mercado podría regular la situación y suponer un estímulo para las cotizaciones”, ha afirmado Góngora.
COAG considera que, al margen de las actuaciones de choque necesarias para el sector de fruta y hortalizas que se ven implicados en el embargo ruso, se debe llevar a cabo un control exhaustivo de precios percibidos por los distintos agentes de la cadena alimentaria, especialmente en el eslabón de la distribución.
«Se debe evitar la especulación en la cadena, tanto en el ámbito del Estado como en la UE, de tal manera que los precios en destino se adecuen con rapidez a la situación de precios en origen y se controlen las caídas injustificadas en productos no afectados», ha señalado.