La Alianza UPA-COAG ha mostrado su total apoyo a las cooperativas de la región para que puedan seguir prestando los servicios de distribución de carburante a través de sus gasolineras rurales sin que sea obligatoria la presencia de personal en las mismas.
En este sentido, hace un llamamiento al Gobierno regional para que atienda una reivindicación «que es de justicia y tiene un carácter social por el servicio que se presta en el medio rural, mayoritariamente a los socios agricultores», allí donde no hay otra manera de repostar combustible a no ser que se desplacen varias decenas de kilómetros.
La Alianza UPA-COAG considera imprescindible este servicio que prestan las cooperativas con sus gasolineras rurales, puesto que además de surtir carburante de primera calidad puede prestar un servicio básico de noche y durante las jornadas festivas a través de la tarjeta dispuesta a tal fin en zonas donde no existe la posibilidad de hacerlo en un radio de acción de 20/30 kilómetros.
Asimismo, la organización achaca «la aplicación de esta normativa regional tan restrictiva a la presión ejercida por las grandes estaciones de servicio que ven en las cooperativas una competencia directa a sus intereses por los precios más económicos que aplican éstas así como por la mejor calidad de su producto».
De igual forma, denuncia que «existe una enorme falacia en algunos de los argumentos que se están utilizando para obligar a todos los distribuidores a contar con personal de continuo cuando por ejemplo en supermercados o estaciones de autoservicio en autovías y autopistas la persona destinada a esa labor suele estar para atender personalmente la venta de otros productos que nada tienen que ver con el suministro de combustible o para el cobro en caja».
Otro argumento «demagógico», según La Alianza, por parte de quienes quieren acabar con un servicio imprescindible en muchos pueblos como son estas gasolineras rurales, «y por lo tanto quitarse competencia de encima, es recordar la obligatoria seguridad en la manipulación de productos peligrosos, cuando la realidad es que las cooperativas agrarias desde hace tiempo se ven obligadas a aplicar en sus instalaciones protocolos de seguridad automática».