Más de un millar de agricultores de la zona regable La Sagra-Torrijos en situación límite ante la reclamación por parte de la Autoridad Hidráulica del pago de unas infraestructuras obsoletas para un regadío económicamente inviable y medioambientalmente desaconsejable. Recurridas las tarifas por los afectados, el Tribunal Superior de Justicia acaba de darles la razón.
Lo que debería haberse convertido en un motor de revitalización de la agricultura y de desarrollo de la comarca ha acabado por atormentar económicamente a los alrededor de 1.400 agricultores que, hace más de tres décadas, confiaron que la Administración Hidráulica cumpliría sus Planes y compromisos de transformación en regadío de esta zona.
El primer apunte legal sobre la previsión de inversiones públicas en la zona regable La Sagra-Torrijos se anota en la Ley 21/1971 reguladora del Trasvase Tajo-Segura y su primera declaración como obra de Interés Nacional data de enero del 79. Un par de años más tarde, en el 82, se aprobaba la primera fase del Plan General de Transformación para la zona y poco después en el 85, se ampliaba la declaración y el Plan General de Transformación para un total de 28.211 hectáreas.
Hoy, en 2014, transcurridos ya 35 años desde que por primera vez este regadío fuera calificado de Interés Nacional y con un Plan Nacional de Regadíos de por medio, solo se han declarado 3.865 hectáreas de superficie útil para el riego, de las cuales únicamente se riegan realmente una mínima parte.
Los retrasos e incumplimientos han condenado el regadío en La Sagra-Torrijos
La consecuencia es que apenas unas 700 hectáreas de las 3.865 declaradas son regadas hoy por menos de una docena de agricultores, fundamentalmente para cultivos hortícolas (tomate sobre todo, y también cebolla y pimiento). El motivo son los elevados cánones a los que tendrían que hacer frente los agricultores por la repercusión de los costes de construcción y mantenimiento de unas infraestructuras en muchas ocasiones ya obsoletas y deterioradas por la falta de uso. Las tarifas fijadas por la Confederación, establecidas a partir del año 2010 y solo para recuperación de costes de la red primaria, han oscilado en el entorno de los 300 euros por hectárea y año . Unas tarifas que la práctica totalidad de los 1.400 agricultores a quienes se les reclamaban consideraron injustas y fueron recurridas. Algunos llegaron hasta el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que recientemente les ha dado la razón.
Además del canon de la Confederación, los regantes tendrían que hacer frente al de la Junta de Comunidades para resarcir los gastos de la red secundaria de conducción, que de momento no ha sido exigida, a un gasto energético importante derivado de la necesidad de elevar el agua hasta el área de riego y a otros costes complementarios. Los agricultores hacen una estimación de que regar en esta “zona de Interés Nacional” podría hoy suponerles una cantidad a pagar de alrededor de 1.200 euros por hectárea y año. Se trata de una cifra que cuadruplica y más las 45.000 pesetas de las que, en su momento (principios de los 80), se informó a los agricultores que tendrían que asumir para contribuir a sufragar la transformación en regadío de La Sagra-Torrijos.
El regadío ni está garantizado, ni es aconsejable en toda la zona
Los parámetros en los que hoy tendría que desenvolverse el regadío en La Sagra-Torrijo no se corresponden en absoluto con aquellos con los que naciera el proyecto; y no sólo en cuanto a las repercusiones económicas para los potenciales regantes, como se ha visto. Los estudios de viabilidad del regadío en la comarca que en su momento impulsaron el proyecto no responden en absoluto actualmente a la realidad agrícola, hidrológica, ni medioambiental de esta zona.
Nunca ha llegado a producirse la aparición del entramado industrial que aquellos estudios preveían que brotaría en torno al regadío de la zona para la transformación y comercialización de las producciones; y la evolución de los precios que los agricultores pagan por los inputs y los que perciben por la venta de sus productos han hecho saltar por los aires cualquier posible previsión a largo plazo.
Por otro lado una parte de la superficie potencialmente regable coincide con la ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves) Esteparia de la Margen Derecha del Río Guadarrama que ocupa unas 12.700 hectáreas y cuyo principal valor medioambiental son sus importantes poblaciones de avutardas, sisones, gangas, ortega, cernícalo primilla… todas ellas especies de interés comunitario y propias de ambientes caracterizados de las llanuras cerealistas y los cultivos de secano. El Plan de Ordenación de Recursos Naturales para este espacio protegido está en fase de redacción y, teniendo en cuenta que la presencia de las aves esteparias resultaría amenazada por el abandono de los cultivos tradicionales y la intensificación de las prácticas agrarias, la transformación real del secano a regadío plantea un claro conflicto ambiental.
A ello se añade que la zona entra también en el perímetro de la Zona Vulnerable a Contaminación por Nitratos “Madrid-Talavera-Tiétar”, en donde la fertilización de cultivos está sometida a unas restricciones incompatibles en muchos casos con el regadío tanto agronómica y económicamente.
No hay que olvidar, además, que el origen de las aguas que deberían abastecer los regadíos de La Sagra-Torrijos está en los pantanos de Entrepeñas y Buendía, de donde se nutre también el Acueducto Tajo-Segura. La propia Confederación del Tajo ha dejado constancia en alguna de sus memorias anuales de que la disponibilidad de recursos no permitiría asegurar el abastecimiento del regadío en esta zona, sobre todo en años secos. Recientemente hemos asistido, además, a la aprobación con rango de Ley de un nuevo modelo de aprovechamiento del Trasvase más garantista con las demandas del Levante, lo que intensifica la competencia con el riego de La Sagra-Torrijos, cuya prioridad en el pasado ya ha estado siempre por debajo de la del Trasvase.
Una salida para los afectados
Son hechos incuestionables que no existen hoy las expectativas que se plantearon en el pasado lejano para el regadío en La Sagra-Torrijos y que a ese precio y en esas circunstancias obligar a las explotaciones a regar es ruinoso para su economía. Por otra parte, a lo anterior hay que sumar en paralelo el componente social de que los agricultores que en los 80 vieron nacer el proyecto con una perspectiva razonable de inversión a futuro, se encuentran hoy en buena parte jubilados, con mucho menos empuje y faltos de sucesión en la gestión de la explotación en muchos casos. En otros, son los herederos de los agricultores ya fallecidos quienes, a veces sin ninguna vocación agrícola, se ven comprometidos por la situación.
Muchos de los interesados han renunciado expresamente ante la Confederación Hidrográfica de los derechos de riego que pudieran corresponderles como posible vía de salida. Sin embargo, lo más cruel del asunto es que se trata de un problema del que los afectados no pueden evadirse, ya que la declaración como de riego de Interés Nacional de esta zona obliga a que las superficies sean regadas bajo amenaza de, en caso contrario, ser expropiadas. Tan desesperada es la visión de algunos de los agricultores que han llegado incluso a solicitar a la Administración que se ejecute dicha amenaza.
Los afectados han intentado, hasta el momento sin resultados, presentar a las autoridades competentes vías de salida a esta situación de la que en absoluto son responsables y que se les ha venido encima debido a los errores de planificación, los retrasos y los incumplimientos de las administraciones hidráulicas.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado muy recientemente la razón a los afectados que, en su momento, recurrieron ante los juzgados los cobros reclamados por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Si antes no había excusa, ahora es mucho más evidente que ni la Administración General del Estado, ni la Autonómica pueden encogerse de hombros en la búsqueda de soluciones. Soluciones que podrían pasar varias alternativa: desde estudiar un plan de viabilidad que permitiera a los agricultores hacer frente al canon de de riego en cantidades, condiciones y plazos asumibles, hasta transferir los derechos a otras zonas de regadío, pasando por el replantearse si es justificable técnicamente que siga siendo “de Interés Nacional” un regadío que en 30 años el Estado no ha tenido ni tiempo, ni presupuesto, ni agua, para llevarlo a término. Estas o cualquiera otras; pero una salida hay que encontrar para unos agricultores cuya situación es tan desesperada que prefieren quedarse de secano, antes que regar y arruinarse.