COAG .- Ante esta situación, y aunque los productores quieren mantener la actividad, hay muchos que se plantean abandonar el cultivo, ante la cada vez menor rentabilidad obtenida. COAG recuerda que la aplicación de la reforma de la OCM de 2006 provocó un déficit estructural de azúcar en la UE y en el mercado mundial.
Esta reforma supuso para Andalucía dejar de producir 288.000 t de azúcar, (80% de la producción anterior), el cierre de 4 fábricas y la pérdida de 25.000 hectáreas y de más de 1.000 remolacheros, además de miles de empleos directos e indirectos. De ese modo, el sector ha visto cómo el valor de su producción ha pasado de 102,64 M€ a 36,21 M€, según los últimos datos oficiales.
Además, España se ve obligada a importar azúcar para cubrir sus necesidades anuales de consumo, ya que la cuota es de 498.480 toneladas y se consumen más de 1,3 millones.
Se pone así de manifiesto que la actual política agraria conduce al desmantelamiento de los sectores productivos, provocando la pérdida de la soberanía alimentaria y, por tanto, la dependencia de las importaciones.
Un ejemplo claro de las consecuencias de esta política lo encontramos en Portugal, donde una cartilla de racionamiento ha limitado la cantidad de azúcar que se podía comprar. Igualmente, en España, hemos tenido desabastecimiento de azúcar en épocas concretas, como en la pasada Navidad, cuando se incrementó considerablemente la demanda.
Por todo ello, COAG insta a la industria y a la Administración a que tomen conciencia de la difícil situación del sector y manifiesten su voluntad clara de contribuir a la continuidad de la actividad, máxime cuando en esta campaña los remolacheros han optado por producir por encima de la cuota para paliar el déficit de stocks que hay en el mercado.
De la rentabilidad de esta campaña depende en gran medida el futuro del sector. En opinión del responsable de remolacha de COAG-A, José Antonio García, “es más rentable social y económicamente mantener un cultivo con remuneración justa para el agricultor que dejar sin empleo a las 1.300 familias que viven del sector y que se pierdan los casi 180.000 jornales que genera, algo que además conllevaría que los consumidores paguen el doble o el triple por el azúcar. Sin embargo, parece que hay una estrategia de British Sugar para obligar al abandono, así que la Administración tiene que tomar cartas en el asunto”.